CAL calificó solicitudes de juicio político a Tuárez y 3 consejeros del CPCCS

QUITO, Pichincha

El Consejo de Administración Legislativa (CAL), por unanimidad de los cinco presentes, calificó el juicio político planteado por los asambleístas Jeannine Cruz y Raúl Tello en contra del presidente Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Tuárez y tres de los miembros de este organismo, por presunto desacato de una resolución de la Corte Constitucional.

Los funcionarios habrían respaldado la creación de una comisión para revisar el proceso de designación de los jueces de la Corte Constitucional (CC), a pesar de que este proceso fue desarrollado por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, cuyas resoluciones no son sujetas de revisión. 

El segundo vicepresidente del Legislativo, Patricio Donoso, explicó que se cumplieron los requisitos de ley, es decir, contar con las firmas necesarias, que fueron 63; verificar la autenticidad de las rúbricas, a través de la Unidad de Técnica Legislativa; y, anunciar la totalidad de la prueba que se presentará.

Añadió que, tras ser calificado el enjuiciamiento político, se remitirá el expediente a la Comisión de Fiscalización y Control Político para que avoque conocimiento y sustancie el proceso, de conformidad con lo previsto en la Constitución y la Ley.

Donoso informó que también se aprobó el pedido de juicio político auspiciado por el asambleísta Fabricio Villamar y que, de acuerdo con la Ley, la Comisión de Fiscalización podría unificar el proceso.

Con respecto a un tercer pedido de interperlación, el de la Comisión de Participación Ciudadana, subrayó que el CAL aún no cuenta con el análisis de la Unidad de Técnica Legislativa, por eso no fue tratado. No obstante, cuando esté listo, se constituirá en un insumo más para la Comisión de Fiscalización.

Recordó que una vez notificada la resolución del CAL, la Comisión de Fiscalización tiene plazos específicos para avocar conocimiento de las solicitudes de juicio político, así como para recibir las pruebas de cargo y descargo, garantizando el debido proceso y el ejercicio del derecho a la defensa. (I)

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