Rafael Correa y los suyos podrían pasar ocho años en la cárcel



QUITO, Pichincha

Que resulta “obvio y probado” que el expresidente, Rafael Correa, era el líder absoluto de una supuesta estructura delictiva que habría estado operando desde las altas esferas del Estado de su Gobierno, entre 2012 y 2016, fue lo que manifestó la fiscal general, Diana Salazar, durante los alegatos finales que presentó ayer en el décimo tercer día de audiencia del caso ‘Sobornos’.

“El señor Rafael Correa Delgado estructuró todo este aparataje para que se pudiera ejecutar la recepción de sobornos”, sentenció.

Por ello, la funcionaria calificó su acusación del exmandatario con el grado de autoría mediata, pues indicó que dentro de la organización tuvo autoridad y poder absoluto para dar órdenes sobre el resto del mando jerárquico.

Según Salazar, a lo largo del proceso se logró destruir la presunción de inocencia de los acusados. Por eso, pidió al Tribunal que se dicte sentencia condenatoria como autor mediato por dominio de organización, en contra de Correa, a quien además señaló como beneficiario directo de los sobornos.

Como autores directos, la Fiscalía acusó al exvicepresidente, Jorge Glas; al exsecretario Jurídico, Alexis Mera; a los exministros, Walter Solís, María Duarte y Vinicio Alvarado.

Asimismo, lo hizo para la exasesora de Presidencia, Pamela Martínez; su asistente, Laura Terán; el exasambleísta, Christian Viteri y la legisladora Viviana Bonilla.

Salazar aseguró que ellos gestionaron la recepción de dineros ilícitos a cambio de beneficiar a empresarios en procesos de contratación pública para obras con el Estado.

En la misma categoría de acusación incluyó a Víctor Fontana, Rafael Córdova, Bolívar Sánchez, Édgar Salas, Ramiro Galarza, Alberto Hidalgo, Teodoro Calle, Pedro Verduga, Mateo Choi y William Phillips, todo ellos representantes de las compañías involucradas en el proceso.

Penas y agravantes

Según la Fiscal, en este caso se debe considerar el agravante contenido en el artículo 30 en el numeral cuarto del Código Penal, es decir, “ejecutar el hecho punible en pandilla”, que también se recoge en el artículo 47 numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal (COIP): “Cometer la infracción con la participación de dos o más personas”.

Salazar pidió a los jueces que se aplique la máxima pena del caso aumentada en un tercio por dicha agravante, o sea, ocho años.

En cuanto a Martínez y Terán, pidió que se considere una pena reducida en el 90% e instó a que, en audiencia reservada, se verifique el cumplimiento de los acuerdos de cooperación eficaz que ambas suscribieron con el Ministerio Público.

Para el empresario Verduga, representante de Equitesa, también se pidió una pena de dos años, pues, a criterio de Salazar, su testimonio contribuyó a sustentar la teoría del caso, por un atenuante trascendental. (I)

Con información diario La Hora

Autor entrada: David Jaramillo

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