QUITO, Pichincha
Desde estafa, concusión, venta de cargos públicos, usurpación y simulación de funciones públicas, abuso de confianza, calumnia, paralización de servicios públicos, robo de combustible hasta violencia intrafamiliar, delincuencia organizada y asesinato. Estos son algunos de los supuestos delitos por los que han sido procesados 236 de los 2.089 candidatos a la Asamblea Nacional.
Es decir, el 11% de los aspirantes a asambleístas registran denuncias penales desde el 2014, cuando entró en vigor el nuevo Código Integral Penal (COIP), y que es el periodo analizado por esta alianza periodística con miras a las elecciones generales del 9 de febrero próximo.
En su mayoría, estos procesos han sido archivados por distintos motivos y son muy pocos los que han culminado con sentencia condenatoria. Sin embargo, en algunos casos activos los ahora candidatos hicieron constar ante los jueces que ya habían sido calificados como tales para suspender los procesos en su contra.
Código de la Democracia
De acuerdo con lo que dispone el Código de la Democracia, el proceso penal sólo podrá retomarse una vez que se proclamen los resultados; y de ser ganadores, los asambleístas gozarán de fuero de corte nacional.
El artículo 108 indica: “las candidatas y candidatos no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados ni enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar”.
De estos 2.089 candidatos que compiten para asambleístas nacionales y provinciales (sin contar las curules del exterior), 733 candidatos no han presentado sus declaraciones de impuesto a la renta al menos una vez, entre el 2017 y 2023, y 153 han registrado deudas con el fisco, según el Servicio de Rentas Internas.
Una radiografía gris de la clase política ecuatoriana que aspira a ocupar una curul en la Asamblea Nacional, que este año estará compuesta por 15 diputados nacionales, 130 provinciales (con Guayas, Manabí y Pichincha divididas en circunscripciones) y seis de las circunscripciones del exterior.
Es en la Asamblea donde se propone, se debate y se consensua el marco legal que nos rige a todos los ecuatorianos, y donde se fiscaliza a los otros poderes del Estado. Junto con las seccionales, los comicios legislativos son el pulso democrático en el que partidos y movimientos políticos nacionales y locales miden sus fuerzas y donde se supone que presentarán a sus mejores líderes y competidores.
El proceso electoral de 2025 marcará un récord histórico desde el retorno a la democracia en Ecuador por el alto número de candidatos a asambleístas para ocupar las 151 curules del Legislativo.
Denuncias y procesos penales
De acuerdo con los archivos de la Función Judicial, 236 candidatos han enfrentado procesos penales desde la vigencia del Código Orgánico Integral Penal en 2014.
En al menos seis casos, según las consultas realizadas en la página web, los candidatos han detenido el avance del proceso por su postulación electoral.
El primero en hacerse público fue el del caso conocido como Metástasis, pues Armando Flor Izaguirre (PID) fue llamado a juicio, pero no pudo ser juzgado por ser candidato en la lista nacional de asambleístas. El ahora aspirante a legislador estaba acusado de ser el supuesto testaferro del narcotraficante Leandro Norero.
Otro proceso es el de Laura Guato Yupanqui (PSC), aspirante a asambleísta en Chimborazo, quien fue detenida en flagrancia en diciembre de 2024 por una supuesta perforación del poliducto de Petroecuador en el sector de Las Lajas, cantón Mocha (Tungurahua).
La Fiscalía solicitó una audiencia para formular cargos en su contra, pero no pudo hacerlo por su condición de candidata. El caso quedó suspendido, en investigación previa.
En Manabí se registra el caso del exalcalde de Montecristi, Wilver Arteaga Palacios, de la alianza Camino Manabita (PSC y Cambio), que enfrenta un proceso por presunto peculado. La Fiscalía ha asegurado que el perjuicio fue de 687 726 dólares. Ya se le levantó la medida cautelar de presentación periódica ante la autoridad debido a su participación en el actual proceso electoral.
También se cuentan dos candidatos procesados del caso conocido como Depuración I, en el que se realizaron allanamientos a mediados de 2022 contra una supuesta red que operaba en Latacunga, La Maná, Salcedo y Pujilí, cometiendo presuntos delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. Ambos se han postulado por el PID para asambleístas de Cotopaxi: Pablo Naranjo Cruz como principal, y Pablo Albán Roura como suplente.
En Morona Santiago se suspendió la audiencia de juzgamiento que estaba prevista para el 27 de enero en un proceso por presunto asesinato debido a que el sospechoso, Elvis Nantip Kajekai, es candidato provincial por la Izquierda Democrática (ID).
El aspirante que más procesos acumula es Dick Borja Quiñónez, candidato en Esmeraldas por RETO. En el historial de la Función Judicial aparecen 29 denuncias en los últimos diez años, la mayoría por supuesta estafa relacionada con el proyecto habitacional Tecnipetrol.
Aunque ha sido concejal de Esmeraldas y representante del sindicato de trabajadores de Petroecuador, en la Contraloría General del Estado sólo consta su declaración de bienes como funcionario técnico de Petroecuador desde diciembre de 2023 y otra periódica en 2024.
Esta alianza periodística buscó la versión de estos candidatos, pero no respondieron.
Otros que acumulan varios procesos son el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Otto Vera Palacios, de la Alianza Únete Santa Elena, con 19 procesos; el exalcalde de Loja José Bolívar Castillo Vivanco, del Movimiento Acción Regional por la Equidad (ARE), con siete casos; y el exalcalde de Flavio Alfaro y asambleísta Jaminton Intriago Alcívar, de Unidos por el Desarrollo (Manabí), también con siete.
De acuerdo con la información de la Función Judicial, la mayoría de los procesos ha sido archivado. La organización política nacional con mayor número de candidatos que han enfrentado procesos penales es la Revolución Ciudadana (RC), con 24 aspirantes, entre candidatos propios y en alianza. Le siguen Sociedad Unida Más Acción (SUMA), con 23; Acción Democrática Nacional (ADN), con 20; Amigo, con 19; y Renovación Total (RETO) y el Partido Social Cristiano (PSC), con 17 cada una.
Existen provincias donde el número de candidatos con procesos penales es importante. En Zamora Chinchipe, el 36% de los aspirantes ha enfrentado ese tipo de causas; en Pastaza, el 28%; en Santo Domingo de los Tsáchilas, el 23%; en la circunscripción 1 de Manabí, el 22%; y en Morona Santiago, 21%.
Entre el 19% y 15% están la circunscripción 2 de Manabí, la circunscripción 4 de Guayas, así como las provincias de Imbabura y Chimborazo.
En la otra orilla, con el 5 por ciento de los candidatos con procesos penales, están las circunscripciones 2 y 3 de Guayas, Sucumbíos, Napo y Azuay.
Bajo pago de impuestos
Sin mucha sorpresa, la investigación realizada por esta alianza periodística también constató que muchos candidatos a asambleístas no han presentado su declaración de impuesto a la renta al menos una vez en el período analizado, que va entre 2017 y 2023. Son 733 del total de 2 089 analizados, es decir el 35%.
La organización política nacional con mayor número de aspirantes con declaraciones tributarias pendientes es Amigo, con 57 candidatos, entre propios y en alianza. Le siguen CREO y el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), con 56; ADN, con 53; y el Partido Sociedad Patriótica (PSP), con 51.
Los aspirantes con más declaraciones de impuesto a la renta pendientes son: la madre del actual presidente de la República, Daniel Noboa, Annabella Azín Arce (lista nacional de ADN), Ignacio Alfonso Crespo (PSP, Cañar), Doménica Vásconez Miranda (Avanza, Tungurahua). Ellos no han presentado ninguna declaración en el periodo analizado, que va del 2017 al 2023.
Sin obligación de declarar impuesto a la renta
El SRI explica en su sitio web que no están obligados a declarar el impuesto a la renta quienes estén domiciliados en el exterior o tengan ingresos bajos.
Por otro lado, 320 aspirantes no están registrados en la base de datos de declaraciones de impuesto a la renta del SRI, es decir que no han tributado nunca. De estos, 175 personas, el 54 por ciento, son mayores de 25 años.
Con respecto a las deudas tributarias, 153 candidatos mantienen saldos pendientes con el fisco. De ellos, 27 superan los 300 dólares de deuda, según una consulta realizada el 17 de enero pasado.
La organización política nacional con más candidatos que han registrado deudas tributarias es la RC, con 16 aspirantes, entre candidatos propios y en alianza. Le siguen el PSC, con catorce; Centro Democrático y Pueblo Igualdad y Democracia (PID), con doce cada una; y CREO, SUMA y PSE, con once cada una. (I)
Con información de https://www.teleamazonas.com/236-candidatos-asamblea-procesos-penales/#
