QUITO, Pichincha
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, enfrenta un nuevo pedido de revocatoria de su mandato. Pero, según un especialista, el sustento sería insuficiente. Por su parte, el burgomaestre capitalino cuestiona la iniciativa y pide que “no hagan perder el tiempo a los ciudadanos”.
El pasado lunes Néstor Marroquín ingresó un pedido de entrega de formularios de recolección de firmas en el Consejo Nacional Electoral (CNE), para pedir la revocatoria del alcalde de Quito, Pabel Muñoz.
Este sería el segundo método con el que intentan destituir al alcalde capitalino.
El primero se dio en noviembre del 2023, cuando Juan Esteban Guarderas, actual vocal del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), denunció ante el Tribunal Contencioso Electoral el proselitismo político realizado por Muñoz en campaña electoral por la excandidata presidencial del correísmo Luisa González.
Las causales
Ahora, según Marroquín, el pedido para iniciar el nuevo proceso de revocatoria consta de dos normas. El primero, basándose en el artículo 61 de la Constitución, que afirma que las ecuatorianas y ecuatorianos gozan, como uno de sus derechos, el “revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular”.
Y, por otro lado, expone que la Ley de Participación Ciudadana, en su artículo 25, permite a los ciudadanos “revocar el mandato de autoridades electas por incumplimiento de su plan de trabajo o de sus obligaciones legales”.
La normativa agrega que esta solicitud de revocatoria puede presentarse después del primer año de gestión y antes del último, pero solo una vez durante todo el periodo de mandato.
Procesos para la revocatoria al alcalde Pabel Muñoz
Fausto Camacho, especialista en temas electorales, explicó los pasos para pedir la revocatoria de una autoridad.
Aseguró que luego de realizar el pedido de entrega de formularios de recolección de firmas en el CNE, para iniciar la revocatoria al alcalde Muñoz, tal como ya lo hizo Marroquín, “el CNE debe calificar la pertinencia o no”.
Sin embargo, dijo que esto podría demorar de 15 a 30 días, donde el CNE puede aceptar o no el pedido.
Detalló que esta decisión se tomará dependiendo de la valoración que haga el CNE, analizando si es que las causales propuestas se ajustan a la Constitución y a la ley.
Si es que el CNE da luz verde, explicó Camacho, recurrirán al Tribunal Contencioso Electoral, quien será el que tome una decisión final. Esto, por otra parte, podría demorar un par de meses adicionales. Es decir, sucedería en noviembre próximo, de ser el caso, cuando recién se iniciaría la recolección de firmas. (I)
