QUITO, Pichincha
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) reactivó la noche de ayer miércoles el proceso de juicio político contra la fiscal general Diana Salazar, a pedido de la propia funcionaria.
Además, se autorizó a que la Comisión de Fiscalización unifique dos pedidos de juicio político en su contra: uno presentado por Gissela Garzón y otro de Héctor Valladares, asambleístas del correísmo.
Con esto, la presidenta de Fiscalización, Pamela Aguirre (correísmo), deberá convocar a una sesión de la mesa legislativa para avocar conocimiento. Será el primero en ser abordado, debido a que el de la ministra del Interior, Mónica Palencia, se encuentra suspendido por una orden judicial.
Narco juicio político
El 16 de mayo, Salazar había pedido a la Asamblea que el proceso de juicio político en su contra se suspenda momentáneamente porque enfrentaba un embarazo de alto riesgo y no quería tener estrés.
No obstante, el 19 de agosto dijo que, con el aval de su médico, estaba lista para retomar este proceso de fiscalización, al que calificó como «narcojuicio».
Diana Salazar es acusada, por legisladores del correísmo, de incumplimiento de funciones por supuestas irregularidades en el proceso penal contra el exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión; falta fiscalización en contra de vacunados VIP durante la pandemia; retrasos en casos como INA Papers o León de Troya; y falta de acción por los asesinatos de fiscales. (I)
