QUITO, Pichincha
El ministro de Telecomunicaciones, César Martín Moreno, afirmó ayer miércoles de 2024 que no existe ninguna amenaza técnica ni legal que ponga en peligro el servicio de internet en el país.
La extinción del título habilitante de Cable Andino, empresa encargada del cable submarino, forma parte de un proceso iniciado en enero de 2024.
Según Moreno, la decisión no es unilateral ni responde a sanciones improvisadas. Todo comenzó cuando Cable Andino solicitó ampliar los servicios de su título habilitante, lo que llevó a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) a revisar su historial y detectar presuntas irregularidades cometidas desde 2015, cuando se otorgó la concesión.
Irregularidades detectadas
El director de Arcotel, Jorge Hoyos, explicó que la empresa incumplió tres obligaciones fundamentales:
- No presentó una garantía de fiel cumplimiento.
- Omitió la garantía de riesgos asociada a la operación del cable submarino.
- No justificó su capacidad económica para operar el servicio delegado.
Ante estas faltas, Arcotel concluyó que la extinción del título habilitante era irreversible. El siguiente paso será la reversión de los bienes relacionados y la transición hacia una nueva operadora que gestione el cable submarino.
Impacto en el servicio
Telconet, principal cliente de Cable Andino expresó preocupación por esta decisión. Sin embargo, Moreno aclaró que el problema afecta solo al primer eslabón de la cadena de distribución, es decir, al cable submarino. Telconet aún puede buscar otros proveedores entre las cinco empresas que operan en Ecuador o esperar la nueva concesión.
Ausencia de asambleístas correístas
Moreno y Hoyos estaban citados a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para exponer los detalles del caso. Sin embargo, los legisladores de la Revolución Ciudadana Ronal González, Sofía Espín, Lenin Barreto y Rosa Abalcando no asistieron. Su ausencia, junto con la de la oficialista Adriana García, impidió el quórum necesario para la sesión.
La decisión de extinguir el título habilitante de Cable Andino plantea un desafío logístico para asegurar la continuidad del servicio de internet. Aunque las autoridades garantizan estabilidad, ¿Cómo evitarán que esta transición afecte a los usuarios finales? Además, la ausencia de asambleístas refleja una falta de compromiso para abordar temas de interés nacional. ¿Quién asume la responsabilidad de garantizar transparencia y rendición de cuentas en procesos de esta magnitud? (I)
