QUITO, Pichincha
El Ejecutivo señala que exautoridades vinculadas a la Revolución Ciudadana participaron en las protestas del pasado 21 de noviembre, las cuales dejaron una docena de detenidos, cuatro policías heridos y enfrentamientos con la fuerza pública en el centro de Quito.
Entre los acusados se encuentran Cristian González, asesor principal de la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, y dirigente de Pichincha por la RC, quien anteriormente fue procesado por rebelión y terrorismo relacionado con el incendio de la Contraloría en 2019.
También se menciona a Nicole Tibanlongo, secretaria de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, captada en videos presuntamente agrediendo a policías, aunque ella negó su participación en la audiencia de flagrancia.
El Gobierno también vincula a Jorge Mendoza, exgobernador de Imbabura, y a Pacha Terán, actual candidata a la Vicepresidencia por Unidad Popular, movimiento que organizó las marchas.
La Secretaría de Comunicación afirmó que las investigaciones buscan determinar si estas personas actuaron dentro del marco legal o si promovieron intereses contrarios a las protestas legítimas. Hasta ahora, las agrupaciones políticas no han emitido comentarios oficiales sobre las acusaciones.
Entre los arrestados, seis fueron liberados, incluidos tres menores de edad. Otros tres deberán disculparse públicamente, mientras que cuatro permanecen en espera de la audiencia de cargos. Nicole Tibanlongo, funcionaria legislativa, tiene prohibido salir del país y deberá reportarse regularmente ante la Fiscalía.
¿El Gobierno utiliza estas acusaciones como herramienta para desacreditar a la oposición política o existen pruebas contundentes de su participación en actos ilícitos durante las protestas? (I)
