QUITO, Pichincha
Por unanimidad, los nueve jueces de la Corte Constitucional anularon las decisiones judiciales que permitieron la restitución de 65 bienes a los hermanos William y Roberto Isaías, exdueños del Filanbanco y figuras emblemáticas del feriado bancario en Ecuador. Este fallo respondió a una apelación presentada por la Procuraduría General del Estado y otras cinco instituciones públicas.
El dictamen, emitido el 21 de noviembre de 2024 y divulgado el 17 de diciembre, establece que las sentencias que favorecieron a los Isaías vulneraron el principio de seguridad jurídica. La Corte identificó irregularidades en los fallos del juez Jhonny Lituma, del juzgado de la Niñez en Guayaquil, y de otros magistrados de la Corte Provincial del Guayas, quienes dispusieron la restitución de propiedades y una compensación económica a los empresarios.
Con esta decisión, los bienes incautados en el marco del proceso legal contra los Isaías permanecerán bajo control del Estado ecuatoriano, según confirmó la Procuraduría. Además, se ordenó remitir el caso a la Fiscalía para investigar a los jueces por presunto prevaricato, mientras el Consejo de la Judicatura deberá imponer sanciones por «error inexcusable».
La respuesta de los hermanos Isaías
Leonardo Stagg Peña, abogado de los Isaías, calificó la resolución como una priorización de normas internas sobre los compromisos internacionales de Ecuador en derechos humanos. Recordó que en 2016 el Comité de Derechos Humanos de la ONU señaló que el Estado ecuatoriano vulneró el derecho a un juicio imparcial y solicitó mecanismos efectivos de reparación.
El defensor anunció que se mantendrán las acciones legales, tanto en instancias nacionales como internacionales, con el objetivo de exigir el cumplimiento de las recomendaciones de la ONU y una reparación que, según él, garantice justicia. «Esta decisión representa un retroceso en el acceso a una justicia real y efectiva», afirmó.
El fallo de la Corte Constitucional reabre el debate sobre la independencia de los poderes del Estado y la eficacia de las garantías jurídicas. ¿Es posible reconciliar el respeto a los derechos humanos con el manejo transparente y ético de bienes incautados? (I)
