QUITO, Pichincha
Cuatro de los nueve aspirantes a jueces de la Corte Constitucional deberán someterse a audiencias públicas en enero de 2025, luego de que la Comisión Calificadora aceptara siete de las 11 impugnaciones presentadas.
Laura Flores, secretaria de la Comisión, informó que las impugnaciones contra Gastón Ríos y Gladys Proaño fueron rechazadas, mientras que el resto serán analizadas en audiencia pública. Entre los casos más destacados está el de Angélica Porras, representante de la terna del Legislativo, quien acumula tres objeciones, incluida una de la fiscal General del Estado, Diana Salazar, que la señala por falta de ética debido a una sentencia previa por violencia política de género.
José Terán, también propuesto por la Asamblea Nacional, enfrenta dos impugnaciones por presunto «patrimonio injustificado». Por su parte, Claudia Salgado y Pamela Aguirre, candidatas del Ejecutivo, tienen una objeción cada una: Salgado, por su desempeño en el caso Chevron, y Aguirre, por supuestamente ocupar dos cargos simultáneamente.
Los candidatos tienen hasta el 23 de diciembre de 2024 para responder a las acusaciones. Las audiencias públicas, planificadas para el 6 de enero de 2025, marcarán el inicio de la evaluación de méritos y pruebas, con la expectativa de definir a los tres nuevos magistrados a finales de febrero.
¿Serán estas impugnaciones un verdadero filtro para garantizar la transparencia, o prevalecerán intereses políticos en la designación de los nuevos jueces? (I)
