QUITO, Pichincha
El pasado 27 de diciembre de 2024, el abogado de Álex Q., uno de los 16 militares investigados por la desaparición forzada de cuatro menores en Guayaquil, solicitó al juez Dennis Ugalde que se inhibiera de continuar con el caso.
Según el abogado, el proceso debería ser llevado por jueces especializados en delitos de corrupción y crimen organizado, con sede en Quito, debido a que el caso involucra un delito contra la humanidad.
La solicitud surge en el contexto de la investigación de la desaparición de Josué, Ismael, Steven y Saúl, adolescentes de entre 11 y 15 años, quienes fueron arrestados durante un operativo militar en Guayaquil el 8 de diciembre de 2024. Los menores han estado desaparecidos desde ese momento.
El juez Ugalde respondió que la competencia de los jueces especializados en corrupción y crimen organizado se limita a casos que involucren estructuras criminales, y no se aplica a esta situación. Ante la duda, Ugalde preguntó al abogado si su defendido formaba parte de una estructura criminal, a lo que el abogado debería solicitar a la Fiscalía una aclaración.
El juez rechazó la petición del abogado y ratificó su autoridad para llevar a cabo la audiencia de formulación de cargos el 31 de diciembre de 2024. El abogado solicitó una aclaración sobre la decisión, pero el magistrado aún no ha emitido una respuesta definitiva.
¿Debe un caso de desaparición forzada ser manejado por jueces especializados en delitos contra la humanidad, aunque no haya una estructura criminal involucrada? ¿Hasta qué punto las decisiones judiciales pueden influir en la percepción de la justicia en casos tan sensibles? (I)
