QUITO, Pichincha
El pasado 20 de enero de 2025, el juez de la Unidad Civil de Pichincha rechazó el recurso de Hábeas Data presentado por Alondra Santiago, periodista y activista cubana, quien busca acceder a los documentos que sustentan la revocatoria de su visa en junio de 2024. La resolución fue notificada de manera oral al concluir la audiencia, según un comunicado del Ministerio del Interior.
La defensa de Santiago apeló de forma inmediata, pero este es otro obstáculo en su lucha legal, ya que previamente otro juez determinó que no hubo vulneración de derechos en su caso.
Antecedentes del caso
En junio de 2024, el Gobierno revocó la visa de residencia de Santiago, quien había vivido en Ecuador por más de 20 años. La medida fue tomada luego de que la periodista publicara en redes sociales una versión del himno nacional ecuatoriano, «¡Salve, oh patria!», interpretada con un ukelele, donde intercaló críticas al presidente Daniel Noboa.
El Ministerio del Interior argumentó que la periodista cometió «actos que atentan contra la seguridad pública y la estructura del Estado». Sin embargo, la resolución ministerial no especificó qué acciones puntuales fueron consideradas una amenaza.
Santiago ha solicitado, a través del Hábeas Data, acceso a la documentación que respalde la acusación, pero el Gobierno mantiene la información en reserva, amparándose en el artículo 22 de la Ley de Seguridad Pública.
La decisión ha generado debate. Mientras algunas organizaciones defensoras de derechos humanos consideran que se vulnera el derecho de Santiago a conocer las razones detrás de la revocatoria, otras voces señalan que la seguridad del Estado justifica la reserva de ciertos datos.
El rechazo a este recurso plantea interrogantes sobre la transparencia de las decisiones gubernamentales en casos de seguridad. ¿Es legítimo restringir el acceso a información bajo el argumento de proteger al Estado? Y, ¿qué garantías tienen los ciudadanos y residentes para defenderse frente a acusaciones de esta índole? (I)
