QUITO, Pichincha
Con la campaña electoral para elegir Asamblea y Presidencia en Ecuador acercándose al 9 de febrero de 2025, partidos y movimientos políticos intensifican la colocación de propaganda en diversas ciudades. Sin embargo, en Quito, estas prácticas están sujetas a estrictas regulaciones y sanciones, especialmente en áreas protegidas.
El Código Municipal establece claras prohibiciones para evitar la afectación de espacios públicos y patrimoniales. Entre las restricciones más importantes se destacan:
- Protección de áreas patrimoniales y turísticas: Está terminantemente prohibido alterar fachadas con rayados, pintas o afiches de cualquier naturaleza, incluso si se utilizan materiales temporales.
- Prohibición de publicidad no autorizada: Los partidos no pueden colocar propaganda sin el permiso de las autoridades municipales, ni hacerlo sin el consentimiento del propietario del predio donde se ubicarán los anuncios.
- Daños a estructuras: Alterar o dañar infraestructuras en áreas patrimoniales es considerado una infracción muy grave.
Multas por incumplimiento
Las sanciones para quienes infringen estas normas incluyen:
- Infracción grave: Multa de dos salarios básicos unificados (USD 940) por colocar propaganda sin autorización.
- Infracción muy grave: Multa de cuatro salarios básicos (USD 1.880) en casos de reincidencia o daños en áreas protegidas y turísticas.
Además, el Código Municipal exige a los partidos y movimientos políticos retirar toda propaganda electoral en un plazo de 10 días tras finalizar el proceso electoral. Sin embargo, la Agencia Metropolitana de Control ha señalado que muchos no cumplen con esta disposición, ya que no existe una normativa que sancione su incumplimiento. (I)
Aunque estas normas buscan preservar el orden y proteger el patrimonio de la ciudad, queda una interrogante: ¿Es suficiente la regulación existente para garantizar que los actores políticos respeten los espacios públicos y patrimoniales, o se requieren medidas más estrictas y eficaces? (I)
