QUITO, Pichincha
El proceso para designar al Superintendente de Bancos en Ecuador ha estado marcado por disputas legales, decisiones controvertidas y un ambiente de tensión política. Desde 2022, la nación ha sido testigo de una serie de enfrentamientos entre instituciones, mientras la designación de la máxima autoridad del sistema financiero sigue sin resolverse.
El origen de este conflicto se remonta a julio de 2022, cuando Raúl González fue designado como Superintendente de Bancos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Sin embargo, una acción de protección presentó un obstáculo para que asumiera el cargo, desencadenando una cadena de disputas legales que ha prolongado esta designación por casi tres años.
Roberto Romero von Buchwald
En 2024, parecía que el panorama se aclararía con el nombramiento de Roberto Romero von Buchwald, un economista con trayectoria en la banca pública y el sector cooperativo. Sin embargo, el CPCCS decidió revertir esta decisión en enero de 2025, restituyendo a González como Superintendente hasta 2027, lo que reavivó la polémica.
La Corte Constitucional, en un fallo emitido el 5 de diciembre de 2024, dejó claro que su sentencia no afectaba los procesos de selección realizados previamente. No obstante, el CPCCS interpretó esta resolución como una validación para restituir a González, lo que generó enfrentamientos legales y políticos.
Roberto Romero, por su parte, calificó las acciones del CPCCS como una maniobra para eludir la sentencia de la Corte. Ha iniciado denuncias en la Fiscalía y solicitado el seguimiento del caso por parte del máximo organismo constitucional.
El 24 de enero de 2025, la Fiscalía allanó las oficinas del CPCCS en Quito, tras una denuncia presentada por Romero, quien acusa a los consejeros de usurpación de funciones al desestimar su designación. Paralelamente, la Corte Constitucional anunció el inicio de un seguimiento a la sentencia, dejando en evidencia el nivel de desconfianza entre las instituciones.
La lucha por la Superintendencia de Bancos no solo refleja un desacuerdo sobre quién debe liderar el sistema financiero, sino también la falta de coordinación y respeto entre las instituciones ecuatorianas. ¿Será posible que las autoridades resuelvan este conflicto sin comprometer la estabilidad institucional del país, o persistirá esta pugna que amenaza la credibilidad del sistema? (I)
