QUITO, Pichincha
El Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito desestimó la acción de protección presentada por la vicepresidenta Verónica Abad contra tres decretos ejecutivos firmados por el presidente Daniel Noboa. Los magistrados, de manera unánime, resolvieron que la demanda era improcedente, argumentando que los actos administrativos impugnados dejaron de tener efecto y no vulneraron derechos constitucionales.
La defensa de Abad cuestionó los decretos 490. 494 y 500, con los que Noboa encargó la Vicepresidencia a Cynthia Gellibert y asignó a Abad funciones diplomáticas en Israel y Turquía. Su abogado, Damián Armijos, denunció que esas disposiciones degradaron su jerarquía y vulneraron su dignidad, mientras que la abogada del Gobierno, Mercedes Mediavilla, defendió la potestad presidencial para delegar funciones.
Tras el fallo, Abad anunció una apelación y afirmó en redes sociales que continuará su lucha para evitar la discriminación contra mujeres en altos cargos. Sin embargo, la controversia sigue abierta: ¿Se trata de una disputa jurídica legítima o de una estrategia política? (I)
