CUENCA, Azuay
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) presentó el pasado 4 de febrero de 2025 la apelación contra la acción de protección que favoreció a la sindicalista Rosa Argudo, quien había demandado su reintegro tras ser despedida de su cargo como auxiliar de esterilización en el Hospital José Carrasco Arteaga de Cuenca.
En un comunicado, la entidad informó que apeló el fallo de la jueza de Azuay, elevando el caso a la Corte Provincial. Además, ratificó que las acciones legales en el ámbito penal contra Argudo siguen vigentes en la Fiscalía General del Estado.
El IESS defendió la legalidad del despido, argumentando que presentó pruebas para sustentar la destitución. No obstante, denunció que la jueza solo acogió la mitad de las evidencias y concedió a Argudo la posibilidad de ser restituida o recibir una indemnización.
Ante esto, la sindicalista optó por la compensación económica, alegando ser víctima de «linchamiento mediático y acoso laboral», según un reporte de Diario El Mercurio.
Investigaciones en curso y polémica por nepotismo
Argudo, con 36 años de trayectoria en el IESS, fue separada del cargo el 27 de septiembre de 2024 en medio de denuncias por presunto nepotismo e irregularidades administrativas.
En una comparecencia ante la Asamblea del Azuay el 25 de junio de 2024, la sindicalista admitió que cinco familiares suyos trabajan en el IESS. Además, enfrenta cuestionamientos por el manejo de los fondos sindicales, entre ellos, el impulso para que la Confederación Ecuatoriana de Trabajadoras y Trabajadores y Organizaciones de la Seguridad Social (Cetoss) adquiera el Hotel San Antonio en Cuenca, presuntamente vinculado a allegados suyos.
El asambleísta Adrián Castro, quien ha impulsado el control político sobre Argudo, expresó su desconfianza respecto al desarrollo del juicio. «Es llamativo que la audiencia se haya pospuesto varias veces hasta coincidir con los días previos a las elecciones», afirmó.
También cuestionó la estrategia de defensa del IESS, que en su criterio, no presentó una argumentación contundente.
Castro subrayó que la sindicalista aún enfrenta investigaciones penales y que la Fiscalía avanza en el proceso por el presunto mal manejo de los fondos sindicales. «De la justicia penal no se va a librar tan fácil. Tendrá que devolver hasta el último centavo de lo que haya obtenido de forma ilícita», sentenció.
El caso de Rosa Argudo sigue generando controversia. Mientras el IESS insiste en la legalidad del despido, la sindicalista se beneficia de una resolución que le permite recibir una indemnización en plena época electoral. ¿Fue una decisión basada en el derecho o una maniobra con tintes políticos? (I)
