QUITO, Pichincha
La Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y de la Interculturalidad recibió a representantes del Pueblo Montubio del Ecuador, quienes expusieron presuntas vulneraciones a sus derechos colectivos.
Asimismo, se dio continuidad al proceso de fiscalización del caso Furukawa, con la comparecencia de delegados de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General del Estado.
Pueblo Montubio
Luis Enrique Layedra, presidente del Pueblo Montubio del Ecuador, denunció la intromisión de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades en su estructura organizativa.
Además, afirmó que vulnera la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y, solicitó a la comisión iniciar un proceso de fiscalización contra el titular de dicha Secretaría, Marco Guatemal.
Martha Burgos, coordinadora nacional del Pueblo Montubio, alertó sobre presuntas irregularidades en el nombramiento de una nueva representante de su comunidad, bajo el argumento de una reestructuración, acción que según indicó quebranta los estatutos internos y la legalidad de sus organizaciones.
Ante estos planteamientos, la comisión aprobó la moción de la legisladora Jhajaira Urresta para iniciar la fiscalización al secretario Marco Guatemal, a fin de esclarecer las presuntas afectaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, montubios y afroecuatorianos.
Caso Furukawa
En el marco del seguimiento al caso Furukawa, César Córdova, defensor del Pueblo, informó que la institución ha promovido acciones de protección en favor de las víctimas desde el inicio del proceso. Destacó que el caso llegó a la Corte Constitucional, la cual determinó la existencia de graves vulneraciones de derechos y dispuso reformas legales.
Córdova enfatizó que la sentencia establecía un plazo de un mes para la reparación de las 343 víctimas, sin embargo, este mandato no ha sido ejecutado.
Acciones emprendidas
Por su parte, los delegados de la Fiscalía General del Estado, Alejandro Baño y María Susana Rodríguez, detallaron las acciones emprendidas en la investigación y denunciaron obstáculos en el proceso, como la demora en la designación de jueces por parte del Consejo de la Judicatura.
La presidenta de la Comisión, Paola Cabezas, subrayó que el caso Furukawa constituye un ejemplo de esclavitud moderna y señaló que la falta de celeridad en la justicia afecta gravemente los derechos de las víctimas.
En este contexto, solicitó la comparecencia de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, para que informe sobre las acciones tomadas respecto a este caso. (I)
