QUITO, Pichincha
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, confirmó el martes 8 de abril que continuará al frente del Ministerio Público bajo el régimen de funciones prorrogadas. Su decisión se basa en un dictamen emitido por la Procuraduría General del Estado (PGE), que respalda la permanencia de autoridades judiciales hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) designe a sus sucesores.
Junto a Wilson Toainga, fiscal subrogante, Salazar explicó que el artículo 326 del Código Orgánico de la Función Judicial permite esta continuidad para garantizar la estabilidad institucional y el acceso a la justicia.
“Hoy cumplimos seis años al frente de la Fiscalía y lo hemos hecho con resultados tangibles y en beneficio de la ciudadanía”, afirmó Salazar en un video institucional difundido por la entidad.
El CPCCS debía elegir a la nueva autoridad, pero no ha logrado avanzar en el concurso debido a su crisis interna, agravada tras la destitución de varios vocales por decisiones judiciales. Ante esa parálisis, la Fiscalía seguirá operando bajo la administración actual hasta que exista un reemplazo legalmente nombrado.
Casos emblemáticos bajo su dirección
Desde que asumió el cargo en 2019, Diana Salazar lideró investigaciones de alto impacto nacional. En sus primeros meses en funciones, impulsó la acusación por el caso Sobornos, que concluyó con una sentencia de ocho años por cohecho contra el expresidente Rafael Correa y su círculo político cercano. Esta acción judicial inhabilitó políticamente al exmandatario.
En diciembre de 2023, reveló el caso Metástasis, una extensa red de corrupción que involucró a jueces, fiscales, policías y capos del crimen organizado, evidenciando la penetración de mafias en el sistema judicial y penitenciario ecuatoriano.
También encabezó el proceso del caso Encuentro, donde se investigó una supuesta estructura delictiva que operaba desde el Ejecutivo durante la administración de Guillermo Lasso. Por este caso, la Justicia condenó a Danilo Carrera, cuñado del expresidente, a diez años de cárcel por delincuencia organizada.
La fiscal ha denunciado amenazas de muerte en su contra, y en mayo de 2024 reveló que los sicarios implicados en el asesinato de Fernando Villavicencio también habían recibido la orden de asesinarla.
Pese a múltiples intentos del correísmo por destituirla, incluso mediante un fallido juicio político en la Asamblea Nacional, Salazar se ha mantenido firme en el cargo. En 2024, la revista Time la incluyó entre las cien personas más influyentes del mundo.
Minutos antes del anuncio oficial, Verónica Sarauz, viuda del excandidato Villavicencio, acusó a Salazar de presionarla para señalar públicamente a Rafael Correa como autor intelectual del magnicidio. La Fiscalía respondió que esa acusación “carece de fundamentos” y la calificó como “falsa”.
Mientras tanto, el país sigue atento al desenlace del concurso para designar al próximo fiscal general, en medio de un ambiente político marcado por tensiones institucionales, impunidad y la persistente amenaza del crimen organizado. (I)
