QUITO, Pichincha
El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios aprobó el 29 de abril de 2025 la conformación de una mesa técnica para evaluar una reforma al artículo 216 del Código del Trabajo, con el fin de modificar el actual esquema de jubilación patronal en Ecuador.
La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, presentó la propuesta que busca crear un fondo de ahorro jubilatorio alimentado con aportes de empleadores y trabajadores, cuyo manejo quedaría a cargo del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess). El fondo se constituiría como un fideicomiso, con recursos que se acumularían durante los 25 años de servicio laboral exigidos para acceder a este beneficio.
El proyecto establece que los trabajadores podrán sumar tiempo laborado, de forma continua o discontinua, en distintas empresas para cumplir con ese período. Actualmente, solo el 2% de los empleados accede a este derecho debido a las limitaciones de continuidad en una misma empresa.
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) definirá, mediante un estudio actuarial, los porcentajes de contribución que deberán asumir empleadores y trabajadores. La reforma también contempla la modificación del cálculo del beneficio económico establecido actualmente en el Código.
Los cambios propuestos se aplicarían únicamente a nuevos contratos laborales y serán analizados por una mesa técnica con participación del IESS. Esta mesa deberá instalarse en un plazo de 30 días y entregar su informe en los 90 días siguientes.
Expertos advierten riesgos para empresas y trabajadores
Abogadas especializadas en derecho laboral expresaron su preocupación por el manejo del fondo por parte del Biess, institución cuestionada por inversiones fallidas en fideicomisos inmobiliarios y por la falta de garantías sobre la sostenibilidad del Seguro de Pensiones.
“La administración del Biess no ofrece confianza. Ni siquiera garantiza el fondo actual de pensiones, mucho menos un nuevo fideicomiso”, advirtió Vanessa Velásquez, experta en derecho laboral. Añadió que los trabajadores deberían tener la opción de elegir dónde depositar sus aportes jubilatorios.
Por su parte, la abogada Patricia Borja cuestionó la intención de “redistribuir recursos” dentro de un sistema que debería responder a un derecho individual, no solidario.
Ambas especialistas coinciden en que la creación de un nuevo aporte mensual impactaría directamente en la liquidez de las empresas, encareciendo las nuevas contrataciones y, posiblemente, incrementando la informalidad laboral.
“El costo adicional podría disuadir a las empresas de contratar nuevo personal. Hoy solo provisionan si el trabajador permanece 25 años en la empresa”, explicó Velásquez.
Además, Borja recordó que el Estado también asumirá ese gasto como empleador, por lo que advirtió que cualquier decisión debe sustentarse en estudios técnicos y económicos sólidos. (I)
