PORTOVIEJO, Manabí
El exjuez multicompetente de Montecristi, Danilo G. M., es procesado por su presunta participación en el delito de prevaricato.
La Fiscalía General del Estado le imputó cargos con base en los elementos de convicción recabados sobre una decisión judicial emitida por el sospechoso, que habría favorecido indebidamente a varias personas, contraviniendo la normativa vigente.
Luego de analizar los argumentos expuestos en la audiencia de formulación de cargos, el Juez que conoció la causa dispuso como medidas cautelares la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas cada quince días.
Además, ordenó retener y congelar las cuentas bancarias del procesado en el Sistema Financiero Nacional, así como la prohibición de enajenar bienes hasta por 50.000 dólares, a fin de garantizar una eventual multa y reparación.
La instrucción fiscal tendrá una duración de sesenta días.
Error inexcusable
El hecho investigado fue puesto en conocimiento de Fiscalía a través de un oficio remitido por la Corte Provincial de Justicia de Manabí, que incluyó el expediente disciplinario con las actuaciones del exjuez Danilo G. M.
Dicho informe declaró su error inexcusable por varias decisiones emitidas el 5 de diciembre de 2022.
Según lo expuesto por la Fiscal Provincial de Manabí, al aceptar una medida cautelar autónoma, el Exjuez benefició a varios integrantes de la Corporación Eléctrica de Manabí, a quienes se debía pagar un valor de 1’983.500 dólares.
Esta resolución se habría dictado en contravención a varias normas, incluida la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que dispone que ‒por tratarse de una empresa pública‒ la causa debía tramitarse mediante un juicio contencioso-administrativo.
Entre los principales elementos de convicción presentados por Fiscalía constan: copias certificadas emitidas por la Corte Provincial de Manabí que declaran el error inexcusable y notifican destitución del Exjuez, las resoluciones emitidas por el procesado, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, el informe investigativo, versiones de varios funcionarios y documentación que confirma que Danilo G. M. ejercía funciones de juez y que actuó en los hechos investigados.
Información jurídica
El delito de prevaricato está tipificado en el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con pena privativa de libertad de cinco a diez años. (I)
