QUITO, Pichincha
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional comenzó el lunes 2 de junio de 2025 el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, remitido por el presidente Daniel Noboa con carácter de urgente en materia económica.
Esta propuesta representa el segundo proyecto económico urgente del nuevo mandato presidencial, iniciado el 24 de mayo. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó oficialmente su urgencia, lo que activó su tratamiento inmediato en la Comisión presidida por legisladores de la alianza oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), que mantiene mayoría con seis integrantes.
El texto busca reformar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para introducir herramientas tecnológicas en la etapa precontractual, simplificar trámites y reforzar la transparencia en los procesos de compras públicas. Asimismo, plantea cambios en la Ley Orgánica del Servicio Público, específicamente sobre las funciones de las unidades de talento humano, priorizando los indicadores de gestión y la evaluación de desempeño.
Los insumos ingresaron a la unidad de Asesoría Legislativa para elaborar la matriz comparativa y definir el cronograma de trabajo. De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), el Pleno tiene 30 días para aprobar o rechazar la propuesta.
Durante la sesión, el vicepresidente de la Comisión, Diego Franco (ADN), destacó que el proyecto «constituye un eje central para optimizar el uso de los recursos públicos mediante la modernización del aparato estatal».
Debate continúa sobre economía criminal
Paralelamente, la Comisión retomó el análisis de la Ley Urgente de Solidaridad Nacional para Combatir las Economías Criminales, cuyo primer debate concluyó en el Pleno el pasado 30 de mayo. Esta norma —la primera enviada por Noboa en su segundo mandato— apunta a enfrentar redes delictivas con herramientas legales extraordinarias.
Durante la sesión virtual comparecieron el presidente del Consejo de la Judicatura y un delegado de la Corte Nacional de Justicia, quienes solicitaron una prórroga de 90 días para capacitar a jueces especializados en crimen organizado antes de aplicar el régimen penal excepcional.
Valentina Centeno (ADN), presidenta de la Comisión, enfatizó la necesidad de que todas las funciones del Estado actúen de forma coordinada. “No sirve tener leyes duras si no hay respaldo de la Fiscalía y del sistema judicial”, advirtió. Centeno recalcó que los jueces definirán si los casos se ajustan al delito de crimen organizado y si ameritan la aplicación del régimen excepcional.
El segundo proyecto deberá resolverse hasta el 17 de junio, fecha límite para su aprobación en el Pleno. (I)
