QUITO, Pichincha
El texto final del Proyecto de Ley de Solidaridad Nacional se remitió al Ejecutivo desde la Asamblea Nacional, este lunes 9 de junio de 2025. Fue aprobado, con 84 votos afirmativos, el anterior sábado 7 de junio, antes del plazo (10 días) y con respaldo mayoritario.
La norma, de carácter económico urgente y enviada por el presidente Daniel Noboa Azin, establece medidas legales y fiscales para combatir el financiamiento de las mafias.
También proteger a la población civil, fortalecer las fuerzas del orden y reactivar económicamente las zonas afectadas por la violencia.
https://drive.google.com/file/d/1G-IjIJCFleCnVkjmlZEpaMH_qVT8gCCD/view
Entre sus disposiciones clave están los incentivos para la reconstrucción social y productiva, la atención prioritaria a víctimas y acciones para prevenir el reclutamiento de menores por parte de grupos armados.
En el debate legislativo, la asambleísta Valentina Centeno manifestó que los ecuatorianos piden mano dura contra el crimen organizado. “Buscamos, no solamente por una respuesta contundente de las fuerzas del orden, sino también de los operadores de justicia, de los jueces y de los fiscales”.
Nada nos detiene
Tras la aprobación de la Ley de Solidaridad Nacional, la noche del sábado 7 de junio, con 84 votos a favor, 1 voto en blanco, 10 abstenciones y 46 en contra, el Gobierno de Daniel Noboa no tardó en pronunciarse.
Las principales carteras involucradas en la ejecución de esta normativa (Interior, Defensa y Gobierno) emitieron comunicados para celebrar lo que consideran un avance decisivo en la lucha contra el crimen organizado y las economías ilegales que lo sustentan.
La ley, tramitada con carácter urgente en materia económica, fue impulsada por el Ejecutivo y recibió apoyo multipartidista en la Asamblea, a pesar de las críticas de algunos bloques.
Con ella, se busca fortalecer la lucha contra las organizaciones criminales a través de medidas como la prisión preventiva obligatoria para delitos relacionados con crimen organizado, especialización de jueces y fiscales, y decomisos dirigidos a reforzar la seguridad nacional. (I)
