QUITO, Pichincha
La Comisión de Fiscalización y Control Político inició el lunes 16 de junio una investigación sobre posibles irregularidades en el accionar de operadores de justicia, en el contexto del conflicto interno que atraviesa Ecuador.
Según lo expuesto en la sesión, ciertas resoluciones judiciales estarían favoreciendo la liberación de personas detenidas en flagrancia, generando preocupación por la eficacia del sistema judicial y su impacto en la seguridad pública.
Para esta diligencia, la comisión recibió al ministro del Interior, John Reimberg, y al comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila Maldonado.
Obstáculos en la lucha contra el crimen organizado
El ministro Reimberg enfatizó que, pese a los más de 900 operativos realizados y 104 mil aprehensiones, el avance contra el crimen organizado enfrenta barreras judiciales. Muchas personas capturadas en flagrancia reciben medidas sustitutivas o prisión domiciliaria, lo que limita la efectividad del eje de seguridad. Además, la vigilancia de quienes cumplen arresto domiciliario demanda más de 800 policías, restando recursos para otras labores.
Reimberg denunció que las denuncias contra jueces por actuaciones irregulares tardan hasta un año en resolverse, mientras los presuntos delincuentes permanecen libres. “Los jueces deben estar del lado correcto del país y la historia”, afirmó con firmeza.
Recurrencia delictiva y desafíos en flagrancia
El comandante Dávila aseguró que la Policía Nacional actúa con compromiso para proteger a la ciudadanía, pero la burocracia y la carga documental dificultan la legalización de aprehensiones. Indicó que cerca del 60 % de los más de 25 mil aprehendidos en flagrancia han recibido medidas sustitutivas, y muchos reinciden en delitos, lo que agrava las cifras de violencia.
Dávila insistió en la necesidad de revisar los criterios para calificar la flagrancia y las condiciones para otorgar medidas sustitutivas, con el fin de sancionar oportunamente y reducir la impunidad.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, anunció que el organismo mantendrá el proceso investigativo hasta lograr una administración de justicia eficiente que proteja los derechos de los 18 millones de ecuatorianos. (I)
