EL COCA, Orellana
Indígenas del pueblo kichwa de la Amazonía ecuatoriana, afectados por el derrame de al menos 15.800 barriles de petróleo en 2020, solicitaron al juez multicompetente de Orellana que la audiencia de diálogo “intercultural” ordenada por la Corte Constitucional se realice dentro de sus territorios ancestrales.
El derrame ocurrió en abril de 2020, tras la rotura de los oleoductos SOTE y OLEAD, en la zona del río Coca, afectando a decenas de comunidades ribereñas ubicadas entre las provincias de Orellana y Napo.
Este lunes 23 de junio de 2025, los representantes de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE) entregaron un escrito al juez Clemente Paz, quien fijó la audiencia para el próximo lunes 30 de junio. La solicitud plantea que el encuentro se realice en las propias comunidades afectadas, como condición para garantizar un verdadero proceso de justicia y reparación.
Piden diálogo en territorio y reparación integral
Los líderes indígenas señalaron que la Corte Constitucional, en noviembre de 2024, reconoció que se vulneró el debido proceso en fallos anteriores y ordenó que el caso sea revisado por un juez de primera instancia. Sin embargo, más de cinco años después del derrame, las comunidades no han recibido una declaración formal de violación de derechos ni medidas de reparación integral.
La FCUNAE, junto con la Alianza por los Derechos Humanos en Ecuador, advirtió que el crudo afectó gravemente la vida, salud, seguridad alimentaria, espiritualidad y territorio de más de 27 000 personas kichwas que habitan en la ribera del río Coca.
“No puede haber reparación sin escucha”
Los accionantes insisten en que el diálogo debe realizarse en territorio, para que las autoridades comprendan la magnitud del daño causado. “No puede haber reparación sin escucha, ni escucha sin respeto a nuestras formas de organización y autodeterminación”, expresaron en el documento entregado al magistrado.
El proceso busca que las entidades responsables asuman su obligación de reparación y que el Estado respete los derechos colectivos de los pueblos originarios, tal como lo establecen la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. (I)
