QUITO, Pichincha
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el martes 24 de junio de 2025, con 84 votos a favor, la Ley Orgánica de Integridad Pública, una normativa enviada por el Ejecutivo con carácter económico urgente. El objetivo central de esta ley es erradicar la corrupción en todos los niveles del sector público, fortalecer las instituciones estatales, mejorar la eficiencia administrativa y garantizar que los bienes y servicios públicos respondan eficazmente a las necesidades ciudadanas.
La normativa se estructura en cuatro ejes principales:
- Reforma al régimen de contratación pública
- Fortalecimiento institucional del sector público
- Transparencia en la gestión pública
- Combate a las redes delictivas que afectan a la niñez y a sectores vulnerables
Incorpora reformas a más de 20 leyes
La legisladora Valentina Centeno, ponente del proyecto, subrayó que esta ley reforma más de 20 cuerpos normativos y la calificó como “una herramienta inédita y necesaria que protege la vida y la dignidad humana”. En su intervención enfatizó que “se acabó la fiesta para los corruptos y delincuentes”.
Durante el tratamiento, se aceptaron los planteamientos propuestos por el legislador Andrés Castillo, entre los que se incluyen:
- Balance general obligatorio del Banco Central del Ecuador
- Sanción de expulsión y prohibición de retorno a extranjeros que cometan delitos
- Mecanismos para la deportación en contexto de conflicto armado interno
- Reglas para la designación de los integrantes de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria
Debate abordó justicia, seguridad y economía
En la sesión, diez legisladores expusieron puntos sobre:
- Penalización del prevaricato judicial
- Democratización de los procesos de contratación pública
- Sanciones de hasta 15 años para adolescentes infractores
- Duración de emergencias judiciales
- Prevención del reclutamiento de menores por mafias criminales
- Apoyo a la economía popular y solidaria mediante una reserva de mercado
- Revisión y depuración del Registro Único de Proveedores (RUP)
La normativa también introduce mecanismos de evaluación para servidores públicos, combate el hacinamiento carcelario, establece nuevas medidas de seguridad y refuerza la lucha contra la corrupción estructural y sistemática.
Con esta ley, el Estado ecuatoriano busca cimentar un modelo de gestión pública basado en la transparencia, la legalidad y la integridad institucional. (I)
