QUITO, Pichincha
La ministra del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, María Luisa Cruz, alertó que el país enfrenta 796 casos de minería ilegal en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y en las zonas de amortiguamiento. Durante la intervención señaló ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, en el marco del tratamiento de un proyecto de ley urgente que busca frenar esta problemática ambiental.
La funcionaria explicó que Ecuador, uno de los 17 países megadiversos del planeta, posee 91 ecosistemas y 56 áreas protegidas estatales, las cuales están siendo amenazadas por actividades extractivas ilegales, tala indiscriminada, tráfico de fauna silvestre y pesca no regulada.
Según un diagnóstico institucional, 12 áreas protegidas ya presentan daños en más de 400 hectáreas. Además, seis reservas marinas enfrentan impactos en un radio de 60 millas náuticas debido a acciones ejecutadas por Grupos de Delincuencia Organizada (GDO).
Ley busca impulsar protección y desarrollo sostenible
Cruz defendió el proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local, que propone estrategias de conservación basadas en el turismo responsable, la educación ambiental, la corresponsabilidad comunitaria y el desarrollo productivo sostenible. También enfatizó la necesidad de garantizar la seguridad territorial y el bienestar de las poblaciones que habitan cerca de los ecosistemas vulnerables.
Organizaciones sociales exigen autonomía y seguridad
Durante la sesión, representantes de organizaciones ambientalistas presentaron varias observaciones. Sebastián Valdiviezo, de la Wildlife Conservation Society, solicitó otorgar autonomía administrativa al Servicio Nacional de Áreas Protegidas, así como crear fondos sostenibles para garantizar su operación a largo plazo.
Valdiviezo recalcó que el 19,5 % del territorio ecuatoriano está cubierto por estas zonas de conservación y que los guardaparques, técnicos y administradores trabajan bajo amenazas constantes. También pidió implementar mecanismos de cogobernanza que incluyan a pueblos indígenas y comunidades locales.
Carmen Josse, directora ejecutiva de Fundación Ecociencia, recordó que las áreas protegidas abarcan 2,2 millones de hectáreas, mientras que los territorios indígenas superan los 6,1 millones de hectáreas. Por ello, instó a que cualquier decisión se tome con base en un enfoque intercultural y participativo.
Finalmente, Jaime Mendoza, de la Fundación Nueva Democracia, advirtió que la norma sólo podrá aplicarse con éxito si el Ministerio del Ambiente fortalece su capacidad operativa, especialmente en la ejecución de planes de manejo ambiental. (I)
