QUITO, Pichincha
La Ley de Integridad Pública, vigente desde el 26 de junio de 2025 tras su publicación en el Registro Oficial, enfrenta dos demandas de inconstitucionalidad presentadas este lunes ante la Corte Constitucional (CC) de Ecuador.
Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), lidera una de las acciones legales. Quishpe sostiene que la norma vulnera la estabilidad laboral y afecta la compensación para funcionarios públicos jubilados. Exige que la Corte anule los artículos relacionados con estos puntos y priorice su tratamiento. Además, cuestiona el endurecimiento de sanciones para adolescentes infractores de delitos graves, también contemplado en la ley.
El dirigente sindical convocó a otros gremios a sumarse a las movilizaciones y acciones legales, anunciando una marcha para el 11 de julio frente a la Corte Constitucional. “Llamamos a otros sectores sociales a presentar demandas y protestar contra esta ley”, expresó.
La UNE demandó la inconstitucionalidad del numeral 24 del artículo 6, la disposición reformatoria tercera y el numeral 3 de la disposición reformatoria decimosexta, que abordan la compensación jubilar, evaluación de servidores públicos y penas más duras para menores infractores.
Por otra parte, los abogados Ricardo David Luna y Stalin Fernando Rivera, en representación de cooperativas de ahorro y crédito, presentaron otra demanda. Rechazan la decimoprimera disposición transitoria que obliga a estas cooperativas a transformarse en sociedades anónimas del sector financiero privado. Solicitan a la CC la suspensión provisional de esta disposición y su posterior declaración de inconstitucionalidad total.
Estas demandas generan un nuevo foco de tensión política y social sobre la implementación de la Ley de Integridad Pública, cuyo impacto en varios sectores se mantiene en debate. (I)
