QUITO, Pichincha
Las tres leyes económicas urgentes impulsadas por el presidente Daniel Noboa —Integridad Pública, Solidaridad Nacional e Inteligencia— enfrentan diez demandas de inconstitucionalidad, presentadas entre el 13 de junio y el 4 de julio. Las acciones judiciales cuestionan tanto el contenido como el procedimiento legislativo de estas normativas, aprobadas por el oficialismo con mayoría en la Asamblea Nacional.
Cinco de las demandas se dirigen a la Ley de Integridad Pública, propuesta inicialmente como una reforma al sistema de contratación estatal. Sin embargo, el bloque de Acción Democrática Nacional (ADN) la transformó en una amplia reforma estructural que modificó más de veinte leyes vigentes, incluso en temas no relacionados entre sí. Entre los cambios figuran:
- Eliminación de las compensaciones por retiro voluntario de los servidores públicos.
- Reducción de indemnizaciones por despido.
- Reforma al sistema de evaluación de desempeño del sector público.
- Inclusión de reformas penales que permitirían juzgar a menores como adultos.
- Conversión de cooperativas financieras en bancos, previa evaluación de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, que tiene 90 días para emitir el reglamento correspondiente.
La Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse) ya impugnó ante la Corte Constitucional los artículos relacionados con la transformación de cooperativas, al considerarlos una amenaza a la autonomía del sistema financiero solidario.
Servidores públicos se movilizan contra la Ley de Integridad
El impacto de esta ley ha provocado protestas y llamados a movilización por parte de médicos, docentes, trabajadores municipales y organizaciones sindicales. El malestar creció tras la publicación del texto legal sin ninguna observación por parte del presidente Noboa.
Cuatro demandas afectan a la Ley de Solidaridad Nacional
La segunda normativa en disputa es la Ley de Solidaridad Nacional, que fija el marco legal para enfrentar conflictos armados no internacionales. Contiene disposiciones sobre detenciones, penas especiales y atribuciones para las Fuerzas Armadas y la Policía. Actualmente, esta ley suma cuatro demandas de inconstitucionalidad.
El tribunal de admisiones de la Corte Constitucional ya revisó tres de estas demandas: rechazó una por falta de sustento jurídico y decidió acumular dos procesos en un solo expediente para el análisis respectivo.
Sindicatos impugnan la Ley de Inteligencia
La Ley de Inteligencia, primera en entrar en vigor (el 10 de junio), recibió su primera demanda esta semana. El recurso fue presentado por centrales sindicales que advierten riesgos para los derechos civiles y alertan sobre la falta de control en los gastos reservados del Estado, un punto que ha generado amplio rechazo desde organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales.
Aunque el oficialismo celebra esta ley como una herramienta clave contra el crimen organizado, sus detractores advierten que no incluye garantías mínimas de transparencia ni mecanismos de rendición de cuentas para el manejo de la información clasificada.
Corte Constitucional decidirá el futuro de las reformas
El destino de estas tres leyes —todas tramitadas como urgentes en materia económica— está en manos de la Corte Constitucional, que ya ha comenzado el proceso de revisión en su tribunal de admisiones. En caso de que las demandas sean admitidas a trámite, se abrirán nuevas etapas para que el alto tribunal evalúe su legalidad y constitucionalidad.
La polémica en torno a estas reformas demuestra que el plan legislativo del presidente Noboa no está exento de tensiones sociales, jurídicas y políticas, pese al respaldo inicial en el Legislativo. (I)
