QUITO, Pichincha
El lunes 7 de julio de 2025, el Contralor General del Estado, Dr. Mauricio Torres, compareció ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional para presentar los resultados del control patrimonial en la función judicial.
Desde el 29 de noviembre de 2023, la Contraloría aprobó 110 informes de exámenes especiales a declaraciones patrimoniales juradas de fiscales, jueces y funcionarios judiciales. De estos, 59 informes —más del 50 %— muestran indicios de responsabilidad penal por diferencias injustificadas en activos y pasivos de los servidores.
Además, el contralor informó que otras 60 auditorías están en curso y que durante el segundo semestre de 2025 se iniciarán 7 exámenes adicionales.
Consejo de la Judicatura
En el Consejo de la Judicatura se realizaron 108 auditorías, de las cuales 57 revelaron indicios penales. En esta institución continúan 36 acciones de control y están próximas a iniciar 6 más. Las provincias intervenidas incluyen Azuay, Galápagos, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Zamora Chinchipe.
Respecto a la Fiscalía General del Estado, se aprobaron 2 informes con indicios penales, mientras que 24 auditorías están en ejecución y una más comenzará en los próximos meses. Las provincias de intervención coinciden con las mencionadas para el Consejo de la Judicatura.
Durante la administración del Dr. Torres, que inició en noviembre de 2023, la CGE aprobó 134 informes de exámenes patrimoniales a otros servidores públicos, con 45 de ellos señalando indicios de responsabilidad penal.
Actualmente, 161 auditorías están en curso y 16 más están programadas para 2025. Entre los auditados se encuentran funcionarios de la Asamblea Nacional, Fuerzas Armadas (generales), Policía Nacional, gobiernos centrales y autónomos, empresas públicas estratégicas y personal de la misma Contraloría.
Para planificar estas acciones, la CGE implementó técnicas de aprendizaje automático y análisis de datos que permiten identificar inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de forma objetiva. El sistema analiza activos, pasivos y patrimonio, incluyendo cuentas bancarias, inversiones, bienes muebles e inmuebles y deudas, además de aplicar ofuscamiento y enmascaramiento de datos personales para evitar discrecionalidad en la selección de casos. (I)
