QUITO, Pichincha
La Comisión de Fiscalización y Control Político avanzó el martes 22 de julio de 2025, en la sustanciación del juicio político contra la vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Solanda Goyes Quelal, al recibir las pruebas de cargo y de descargo presentadas por el asambleísta Fernando Jaramillo y la funcionaria interpelada, respectivamente.
Jaramillo argumentó que Goyes incumplió sus funciones al abandonar de forma abrupta la sesión del Pleno del Consejo del 16 de abril de 2025, en la cual se debía aprobar el Reglamento para la creación de judicaturas y jueces especializados en materia constitucional. El legislador señaló que su inasistencia impidió mantener el quórum necesario, lo que retrasó la implementación del reglamento, diseñado para frenar el uso indebido de garantías constitucionales en casos relacionados con delincuencia organizada.
Agregó que Goyes también se ausentó en cuatro convocatorias consecutivas para reinstalar dicha sesión, y recién acudió el 30 de abril, cuando finalmente votó a favor del documento. Sin embargo, sostuvo que su participación tardía no subsana la falta cometida. Jaramillo respaldó su acusación con 12 pruebas documentales, y exhortó a la Asamblea Nacional a aprobar la censura y destitución de la vocal.
Solanda Goyes
En su defensa, Solanda Goyes minimizó la causal expuesta y afirmó que la acusación no refleja la realidad de su trabajo dentro del CJ. Aclaró que la aprobación del reglamento representa solo una parte de un proceso más amplio que requiere infraestructura, recursos económicos y personal técnico para garantizar la operatividad de las nuevas judicaturas constitucionales.
Recalcó que ha impulsado múltiples acciones desde su vocalía para modernizar la justicia ecuatoriana y que esta interpelación responde más a presiones externas que a una verdadera falta. “No se puede cuestionar la labor de quien más ha trabajado por cumplir el mandato del referéndum y mejorar el acceso a la justicia”, sostuvo Goyes, al tiempo que defendió su trayectoria y compromiso institucional.
Al concluir la audiencia, la Comisión anunció que evaluará las pruebas presentadas por ambas partes. En los próximos días, emitirá un informe motivado que recomendará al Pleno de la Asamblea Nacional la continuación del juicio político o el archivo definitivo del caso. (I)
