QUITO, Pichincha
La Contraloría General del Estado (CGE) estableció nuevas disposiciones para que las Personas Expuestas Políticamente (PEP) presenten sus declaraciones patrimoniales juradas. La medida se aplica desde el jueves 1 de agosto hasta el sábado 31 del mismo mes, como parte del nuevo reglamento aprobado en el marco de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Lavado de Activos.
El requerimiento alcanza a todos los funcionarios públicos de nivel jerárquico superior, como ministros, alcaldes, prefectos, asambleístas, diplomáticos, magistrados, directores de hospitales, entre otros. También incluye a quienes tengan cargos equivalentes en empresas públicas o gobiernos autónomos descentralizados.
¿Qué deben declarar los funcionarios?
Los servidores deberán reportar no solo sus ingresos y bienes en el país, sino también actividades económicas o cargos remunerados en el extranjero, fideicomisos, sociedades, propiedades compartidas con cónyuges o hijos menores de edad, y derechos de representación adquiridos.
El proceso se realizará únicamente a través del portal web de la Contraloría, de forma gratuita. Las declaraciones podrán ser de inicio, periódicas o de final de gestión.
Talento humano notificará a los funcionarios
Las unidades de talento humano en las instituciones públicas deberán notificar a los funcionarios sobre su obligación de presentar la declaración. El cumplimiento se validará mediante una constancia electrónica.
La Contraloría advirtió que no presentar la declaración dentro del plazo se considerará una falta grave, sancionada conforme a la Ley Orgánica de Servicio Público. El ente de control se encargará de verificar cada declaración, en ejercicio de sus competencias constitucionales.
Esta medida busca reforzar la transparencia en la administración pública y prevenir el uso indebido de fondos públicos por parte de funcionarios con altos niveles de responsabilidad. (I)
