QUITO, Pichincha
La Corte Provincial de Justicia de Pichincha reprogramó la audiencia de juzgamiento contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, tras la denuncia presentada por el activista Néstor Marroquín por presuntos daños a su imagen pública.
Inicialmente, la diligencia estaba convocada para el sábado 23 de agosto a las 08:30, de forma presencial en el edificio de la Corte Provincial, ubicado en la intersección de las calles Diego de Almagro y 6 de Diciembre. Sin embargo, la jueza Inés Romero la trasladó al martes 26 de agosto, en el mismo horario y lugar.
En la notificación entregada este viernes 15 de agosto, Romero explicó que el cambio busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las partes y la adecuada sustentación de la causa. Además, advirtió que no aceptará más diferimientos por cambios de abogados. Tanto Muñoz como Marroquín fueron notificados oficialmente.
El burgomaestre capitalino ya confirmó su asistencia a la diligencia. En caso de no comparecer, la Corte advirtió que ordenará su inmediata detención. Mientras tanto, la investigación avanza con peritajes de audio y video a cargo del especialista Carlos Espinoza, quien debe presentar su informe hasta el lunes 18 de agosto.
Antecedentes de la disputa
La confrontación entre Marroquín y Muñoz comenzó tras las elecciones presidenciales de 2023, cuando el activista presentó un pedido de revocatoria contra el Alcalde. El reclamo se fundamentó en la sanción que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) le impuso a Muñoz en 2024 por hacer campaña en redes sociales a favor de la entonces candidata Luisa González.
El TCE le aplicó una multa de 9 200 dólares y lo obligó a ofrecer disculpas públicas. Para Marroquín, esa sanción administrativa debía complementarse con la revocatoria de su mandato, por lo que inició la recolección de firmas.
Hasta el 10 de julio de 2025, el colectivo Cuida tu Voto superó las 210 000 rúbricas, más de las 206 000 válidas que exige el Consejo Nacional Electoral (CNE), equivalentes al 10% del padrón del Distrito Metropolitano de Quito. El organismo aún debe validar estas firmas.
La tensión escaló el pasado 22 de mayo, cuando Muñoz calificó a los promotores de la revocatoria como “tránsfugas” en una entrevista radial y señaló que Marroquín tenía antecedentes penales. El activista respondió con la denuncia actual, asegurando que no registra procesos judiciales en su contra. (I)
