QUITO, Pichincha
La Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional recibió nuevas propuestas para enriquecer el Proyecto de Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación y la Ley para la Prevención y Lucha contra el Dopaje – Juego Limpio, normas actualmente unificadas y listas para segundo debate parlamentario.
La Fundación Sportika y el Observatorio de Vigilancia al Cumplimiento de la Política Pública en el Deporte Ecuatoriano expusieron observaciones centradas en el control de la inactividad física, la asignación de recursos y la autonomía de las organizaciones deportivas.
Los representantes de Sportika, María Clara Albornoz Donoso y Santiago del Pino, alertaron que en Ecuador no existe un sistema de medición de la educación física. Propusieron que el proyecto de ley incluya en el glosario y dentro de las competencias del Ministerio del Deporte un índice de inactividad física, con el fin de diseñar políticas públicas basadas en datos verificables. También plantearon que el Sistema Nacional de Información Deportiva registre estadísticas completas sobre deportistas, logros, historial competitivo y evaluación de programas, además de indicadores como tiempo de sedentarismo y horas frente a pantallas.
Sportika
En el ámbito presupuestario, Sportika recomendó que la matriz de evaluación se convierta en el mecanismo oficial para distribuir fondos a los organismos deportivos, lo que permitiría criterios claros y objetivos, evitando la discrecionalidad política.
Por su parte, el coordinador del Observatorio, Edison Mendoza Zambrano, señaló que las organizaciones deportivas deben gozar de autonomía y que los dirigentes asuman responsabilidad ulterior. Advirtió que el Ministerio del Deporte ya concentra competencias que no logra cumplir y cuestionó que se le sumen nuevas tareas vinculadas a la educación física, responsabilidad que corresponde al Ministerio de Educación.
Mendoza criticó además los procesos de elección de dirigentes deportivos y pidió fortalecer la vigilancia ciudadana mediante observatorios y veedurías. También rechazó la obligatoriedad de contratar administradores financieros en cada organismo, pues significaría un gasto cercano a USD 1,6 millones anuales, recursos que —sostuvo— deberían destinarse al deporte formativo o a programas para combatir el sedentarismo.
El presidente de la Comisión, Juan José Reyes, agradeció los aportes recibidos y aseguró que serán evaluados para determinar su viabilidad en la construcción de una normativa que fortalezca el sistema deportivo ecuatoriano. (I)
