Quito, Pichincha
La Comisión de Desarrollo Económico recibió observaciones al proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, enfocadas en evitar doble control a organizaciones sin fines de lucro, precisar niveles de riesgo y prevenir narrativas estigmatizantes que generen sospechas sobre las entidades.
El experto en Derecho Mercantil, José Terán, recomendó ajustar el artículo 4 del proyecto, que asigna control a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, recordando que las organizaciones ya cuentan con supervisión por parte del ministerio correspondiente. Terán señaló la necesidad de clarificar el texto para evitar interpretaciones de doble control. También pidió definir con precisión los niveles de riesgo, especialmente para fundaciones susceptibles de ser utilizadas en lavado de dinero, y establecer requisitos para los Responsables Institucionales de Cumplimiento.
César Ricaurte
El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, expuso sobre las economías criminales, el riesgo de uso de organizaciones para lavado de activos y las herramientas estatales de control. Recalcó la importancia de garantizar el derecho de asociación, reducir la carga punitiva y evitar obligaciones administrativas excesivas que puedan afectar la operatividad de estas entidades.
Daniel Rueda, de la Red de Organizaciones Sociales de Pichincha, manifestó su preocupación por la asignación de recursos y posibles disoluciones de organizaciones por decisiones gubernamentales.
Por otro lado, Silvana Pástor, vicepresidenta de la Cámara de Energía, recomendó revisar el tratamiento de las utilidades no distribuidas, ya que el proyecto plantea una tarifa única sobre el 100 % de estas ganancias. Pástor advirtió que esto podría generar doble imposición, contraviniendo el artículo 300 de la Constitución, que establece la capacidad contributiva y prohíbe medidas confiscatorias. “Tratar las utilidades retenidas como si fueran dinero disponible es técnicamente incorrecto”, concluyó.
El debate continúa con el objetivo de mejorar la normativa, equilibrando la transparencia, la fiscalización y la protección de los derechos de las organizaciones sin fines de lucro. (I)
