QUITO, Pichincha
Un exviceministro fue detenido este jueves 28 de agosto, en medio del operativo del caso Apagón, realizado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Nacional, que incluyó 11 allanamientos en casas y oficinas de exfuncionarios investigados por presunto peculado.
La Fiscalía investiga el millonario perjuicio al Estado, estimado en 100 millones de dólares, generado por la contratación de generación térmica entre la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec) y la empresa estadounidense Progen Industries LLC.
Allanamientos del Caso Apagón
Las diligencias se realizaron en domicilio y oficinas ubicados en Samborondón y Guayaquil (provincia de Guayas), así como en Quito (Pichincha).
Entre los inmuebles allanados constan los de Antonio Gonçalves, exministro de Energía, y Rafael Quintero, exviceministro de Electricidad; este último fue detenido en posesión de un arma no letal.
Asimismo, las acciones se extendieron a una empresa y a un estudio jurídico. En la residencia de uno de los socios, los agentes incautaron 105.400 dólares en efectivo.
Además, fueron allanados los domicilios de Alex Patricio D. C., exadministrador de la Unidad de Negocio Guayas-Los Ríos; Carlos Miguel F. B., asesor de la gerencia de CELEC; así como Edison Vinicio I. S. y Pamela Joanna D. Y., gerente y presidenta de la empresa encargada de verificar los generadores de PROGEN para Quevedo y Salitral.
Otros funcionarios
En la lista también figuran Peter D. P., exasesor del Ministerio de Energía, y Marco Antonio E. J., socio de una firma de abogados que representa al ministro Roberto Luque en esta causa.
El 28 de julio pasado, la Fiscalía ya había realizado allanamientos relacionados con este caso. Entre ellos estuvo la residencia de Fabián Calero, quien entre abril y octubre de 2024 se desempeñó como Gerente General de Celec y fue desvinculado del Viceministerio de Energía en julio, en medio de la polémica por los contratos fallidos con Progen.
Irregularidades en contratos
Estos contratos fueron adjudicados bajo un plan de emergencia para enfrentar la crisis energética. En el caso de Progen, relacionado con la generación eléctrica en las estaciones El Salitral y Quevedo, la Contraloría identificó irregularidades en la planificación, adjudicación y ejecución contractual.
La empresa debía instalar los proyectos energéticos en Guayas y Los Ríos, por un monto de USD 149,1 millones, pero los trabajos nunca se concretaron. Ante esto, la Contraloría remitió los indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía y recomendó sanciones civiles y administrativas.
“Por estos acuerdos tienen que responder las empresas que contrataron y los servidores que cometieron estas faltas”, ha señalado el contralor general, Mauricio Torres.
“Lo más grave es que no se cumple con el contrato, tenían que ser equipos nuevos y comprado al fabricante”, concluyó. (I)
