Por Elio Roberto Ortega Icaza
Una mujer es asesinada cada 21 horas… Entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2025, el Ecuador registró 82 femicidios, incluyendo 12 niñas y adolescentes.
La violencia de género no da tregua y coloca al Estado frente a un desafío urgente: proteger la vida y garantizar justicia efectiva. Penas que buscan justicia
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que el femicidio se sanciona con 22 a 26 años de prisión. Las circunstancias agravantes pueden elevar la pena al máximo, y sumando agravantes generales, la condena puede llegar a 34 años y 8 meses.
Entre las agravantes: relación cercana con la víctima, presencia de hijos u otros familiares y exposición pública del cuerpo.
Mapa provincial de la violencia: Provincia Casos (ene-mar 2025).
- Guayas 24
- Manabí 19
- Los Ríos 6
- Pichincha 8
- Azuay 5
- El Oro 4
- Tungurahua 3
- Otras provincias 13
Total 82
Marco constitucional e internacional
La Constitución de 2008, garantiza vida, igualdad y protección frente a la violencia (arts. 3, 11 y 66). A nivel internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta de Derechos Humanos de la ONU. Obligan al Estado a actuar con debida diligencia. La Corte Interamericana, ha dejado claro: la inacción estatal ante la violencia de género es violación de derechos humanos. Jurisprudencia que marca precedente. – Sentencia No. 393‑17‑EP/23: la Corte Constitucional ratificó la configuración del femicidio y la pena de 26 años, incorporando perspectiva de género. Sentencia n.º 73‑21‑IS/22: ordena reparación integral y protección para las víctimas y familias, reforzando estándares de justicia nacional.
Prevención y responsabilidad social.
Expertos como Alda Facio, Marcela Lagarde y Gina Benavides, señalan que el femicidio es la manifestación extrema de desigualdad estructural. La prevención requiere: Educación con perspectiva de género. Políticas públicas integrales. Protocolos de protección efectivos. Registro estadístico confiable.
Hacia un Ecuador sin femicidio
Desde esta tribuna del pensamiento y la justicia, se busca generar propuestas concretas, propone fortalecer la coordinación entre el Estado, justicia y sociedad civil, y asegurar que todas las mujeres puedan vivir libres de violencia, cumpliendo así con los mandatos constitucionales e internacionales.
¡Y el tiempo sigue su marcha…! (I)
