QUITO, Pichincha
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) sustanció la queja presentada por la legisladora Nataly Morillo contra la asambleísta Mónica Palacios, en cumplimiento del debido proceso y de acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), durante la sesión No. 024 del organismo.
Morillo solicitó reproducir parte de la sesión No. 037 de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, realizada el 10 de septiembre de 2025, que según su denuncia fue interrumpida por gritos y exhibición de carteles difamatorios que acusaban al presidente Daniel Noboa y a la primera dama Lavinia Valbonesi de presunto tráfico de influencias con la empresa minera Dundee Precious Metals.
La legisladora afirmó que estos hechos alteraron el orden de la sesión, configurando incidentes muy graves según los numerales 3 y 5 del artículo 171 de la LOFL, y generaron un linchamiento mediático contra la primera dama, el Presidente y la comisión. Morillo presentó oficios del SRI y del MIES, que certifican la inexistencia de vínculos económicos o donaciones entre la empresa minera y los mencionados funcionarios, solicitando que se tramiten sanciones por faltas muy graves.
Por su parte, Palacios defendió su actuación, asegurando que ejerció sus atribuciones de fiscalización y control político, según el artículo 120 de la Constitución y el artículo 9 de la LOFL. Rechazó que sus expresiones constituyeran instigación a la violencia o términos ofensivos, y destacó que la acusación vulnera sus derechos como legisladora y como madre lactante.
Una vez culminada la fase de alegatos, el CAL emitirá su resolución dentro de los plazos legales, definiendo si la conducta de la asambleísta se ajusta o no a las normas que regulan la honra, la ética legislativa y la fiscalización política. (I)
