QUITO, Pichincha
A pocas horas de posesionarse en la Asamblea Nacional, Mario Godoy pidió informes de gestión y la renuncia de los 24 directores provinciales y 55 directores y subdirectores departamentales del Consejo de la Judicatura.
En las próximas horas ratificará y seleccionará a nuevos funcionarios. Con eso, el próximo paso será declarar la emergencia judicial, tema que está entre sus cinco prioridades.
“Debemos declararnos en emergencia, segundo, evaluación de los servidores judiciales, tercero la Corte Nacional de Justicia, cuarto la designación de las Judicaturas especializadas en materia constitucional y quinto llegar a buscar el financiamiento y la optimización de la plataforma tecnológica”.
Godoy y los otros vocales electos, Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros, Damián Larco y Fabián Fabara, conocen que la Función Judicial es un monstruo de mil cabezas que enfrenta limitaciones económicas, estructurales, operativas, de gestión y transparencia que han afectado su eficacia e independencia.
Eficacia
“Pues a mí no me lo han contado, yo lo he vivido en los juzgados, tribunales, y cortes de este país”, dijo Mario Godoy.
La Función Judicial tiene un presupuesto de USD 348 millones este año; se ejecutó el 63 %. La mayor cantidad de recursos se gasta en sueldos.
La justicia enfrenta un déficit económico superior a 200 millones que se necesitan, por ejemplo, para nombrar a 753 jueces o para superar los problemas de infraestructura, pues tiene 441 bienes en estado crítico, casi inservibles.
A esto se suma una plataforma tecnológica obsoleta, sin soporte técnico desde 2012, y nudos críticos en talento humano, malas prácticas de funcionarios, desidia, falta de gestión y hasta desvío de recursos. (I)
