QUITO, Pichincha.
Este lunes 29 de septiembre de 2025, gremios estudiantiles de la Universidad Central del Ecuador y diversas organizaciones sociales confirmaron una movilización para este martes 30 de septiembre en la Plaza Indoamérica, en el centro norte de Quito.
La convocatoria, respaldada por colectivos estudiantiles, agrupaciones ecologistas, artistas y movimientos sociales, se suma a las jornadas de protesta impulsadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que en los últimos días han tenido especial fuerza en la provincia de Imbabura.
El Ministerio del Interior informó que las movilizaciones en el país han dejado hasta el momento 90 detenidos, además de enfrentamientos, un comunero fallecido, militares heridos y retenidos, y ataques a un convoy humanitario.
Muerte de un comunero en Cotacachi
Organizaciones indígenas responsabilizaron al Estado por la muerte de Efraín Fuerez, comunero de Inguinzala, quien habría recibido un impacto de bala durante los choques en Cotacachi. Dirigentes denunciaron uso excesivo de la fuerza y convocaron a un parlamento de pueblos para definir acciones. La Fiscalía abrió una investigación de oficio a través de la Unidad Especializada en el Uso Ilegítimo de la Fuerza.
Emboscada a militares
Las Fuerzas Armadas denunciaron que 12 militares resultaron heridos y 17 más fueron retenidos tras una emboscada en Cotacachi, cuando custodiaban un convoy de alimentos. La institución atribuyó el ataque a grupos infiltrados y lo calificó como un acto “terrorista”.
Ataque a convoy humanitario en Otavalo
El presidente Daniel Noboa encabezó un convoy humanitario en Otavalo que fue interceptado con bombas molotov, piedras y barricadas. La caravana, en la que viajaban ministros y diplomáticos, sufrió daños materiales, aunque logró entregar alimentos y combustibles a comunidades de Imbabura.
Embajadores de la Unión Europea e Italia condenaron los hechos y recordaron que la protesta debe mantenerse pacífica.
Llamados a la paz
Las organizaciones indígenas declararon sus territorios como “zonas de paz” y exigieron respeto a sus derechos, mientras que el Gobierno advirtió que no permitirá actos que calificó como “terrorismo disfrazado de protesta”.
El escenario refleja una creciente tensión entre comunidades, fuerzas de seguridad y el Estado, en medio de un clima de conflictividad social que sigue en aumento. (I)
