QUITO, Pichincha
Con 88 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió archivar el proyecto de Ley Orgánica de Protección y Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias, resultado de la unificación de diez iniciativas legislativas presentadas en periodos anteriores sobre la misma materia.
El asambleísta Sergio Peña, ponente del informe, explicó que, si bien las propuestas buscaban fortalecer la defensa de los consumidores, al final terminó convirtiéndose en un problema más que en una solución.
Recordó que el país ya cuenta con una Ley de Defensa del Consumidor con disposiciones constitucionales claras que garantizan este derecho y una Defensoría del Pueblo encargada de velar por su cumplimiento.
Entre las principales observaciones, se señaló que el proyecto pretendía otorgar efectos jurídicos vinculantes a estándares de soft law, figura inaplicable en el marco normativo ecuatoriano y riesgosa para la seguridad jurídica.
Asimismo, se advirtió que el régimen financiero, por ser de carácter privado y sujeto únicamente a regulación estatal, no podía ser objeto de intervenciones normativas sin vulnerar su autonomía.
Desde el punto de vista económico, el Ministerio de Economía y Finanzas alertó sobre el impacto fiscal que generaría atribuir responsabilidad estatal objetiva en casos ajenos a los servicios públicos, contraviniendo lo dispuesto en la Constitución.
También se identificaron inconsistencias técnicas, como la confusión entre indemnización civil y sanción administrativa, así como la distorsión del equilibrio contractual derivada de la implementación del derecho de retracto, que obligaba al proveedor a asumir todos los costos de la terminación unilateral de un contrato por parte del consumidor.
Finalmente, se cuestionó la introducción del concepto de “asentimiento” en los contratos de adhesión, al modificar la noción tradicional de consentimiento contractual prevista en el Código Civil y el Código de Comercio, lo que generaría inseguridad jurídica en las relaciones privadas.
Con base en estos argumentos de carácter constitucional, legal y técnico, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió archivar el proyecto, al considerar que no aporta elementos innovadores al marco normativo vigente y que, por el contrario, afecta principios fundamentales del derecho privado, genera conflictos normativos y plantea riesgos innecesarios para el Estado. (I)
