LATACUNGA, Cotopaxi
El presidente Daniel Noboa, declaró este sábado un nuevo estado de excepción en diez de las veinticuatro provincias del país por «grave conmoción interna», debido a las protestas indígenas por el alza del precio del diésel que, según el mandatario, «se han tornado violentas».
La decisión «busca detener las situaciones de las medidas de hecho tomadas en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza., así como su radicalización, que se ha observado ha sido progresiva, evitando así mayor afectación a la población ecuatoriana».
Noboa aseguró que durante las «violentas manifestaciones» han sido agredidos policías y militares, «quienes incluso han sido secuestrados y vejados en su integridad».
Noboa justifica la medida
Entre las justificaciones de Noboa para emitir esta medida, que estará vigente por 60 días, están unas recientes declaraciones del presidente de la Conaie, Marlon Vargas, quien advirtió al Ejecutivo que las protestas podrían radicalizarse a tal punto de tomarse Quito, si «no hace caso» a las demandas del movimiento indígena.
«Si el Gobierno no hace caso, vamos a estar convencidos de tomarnos Quito. Ya no podemos seguir aguantando. Ya no podemos seguir soportando», señaló Vargas durante una reunión realizada el viernes con comunidades de Chimborazo.
Vargas dijo que el Gobierno tiene que recordar qué fue lo que pasó en 2019 y 2022, cuando las masivas manifestaciones lideradas por la Conaie llegaron hasta Quito.
Aquello llevó a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles, para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Saldo de las manifestaciones
Tras trece días, las manifestaciones se han saldado con un fallecido, más de ochenta heridos y más de un centenar de detenidos.
Noboa señaló en su decreto de este sábado que «se han rebasado los límites del ejercicio legítimo de los derechos a la protesta y resistencia, configurando una alteración grave del orden público que excede las capacidades de control mediante medidas ordinarias».
Por ello, suspendió en estas diez provincias el derecho a la libertad de reunión, que implica que durante las veinticuatro horas estará limitada la conformación de aglomeraciones en espacios públicos con el objeto de paralizar los servicios públicos.
Sí estarán permitidas las protestas pacíficas, que no afecten «los derechos, libertades y garantías del resto de la ciudadanía».
El presidente también dispuso la movilización de las Fuerzas Armadas y de la Policía hacia esas localidades, con la finalidad de «prevenir acontecimientos de violencia, proteger la vida e integridad física de la ciudadanía, así como el derecho a la libre circulación y desarrollo de actividades económicas». (I)
