
QUITO, Pichincha
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 81 votos a favor el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero.
Hace dos días, esta propuesta fue aprobada por la Comisión de Régimen Económico y busca la independencia técnica, la transparencia y la eficiencia de los órganos de regulación y control del sistema financiero nacional, así como a modernizar la estructura y funciones del Banco Central.
Incorpora disposiciones para ampliar la inclusión financiera, regular la actividad Fintech (tecnología financiera), fomentar los medios de pago electrónicos y reforzar la protección a los usuarios financieros, en concordancia con los principios de estabilidad, sostenibilidad y seguridad jurídica del sistema económico.
Observaciones
Previo a la votación, la legisladora Nathaly Farinango, ponente del informe, expuso las principales observaciones recogidas por la Comisión de Régimen Económico e incorporadas en el texto final.
Farinango recordó que la mesa legislativa incorporó las observaciones planteadas por las y los asambleístas durante el segundo debate, texto que fue debidamente socializado en cumplimiento del procedimiento parlamentario. Estas observaciones contribuyeron a consolidar un articulado de reforma profunda y visionaria, que moderniza la estructura del sistema financiero y monetario.
La normativa consolida la creación de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, órgano con autonomía y funcionalidad propia.
Fortalece al Banco Central
Además, se fortalece el Banco Central del Ecuador, se modernizan las reglas de respaldo de las reservas internacionales, y se amplían las facultades de la Superintendencia de Bancos para la supervisión y el control, entre otros aspectos.
Entre las innovaciones destaca la creación del seguro paramétrico, un programa de aseguramiento agroalimentario y ganadero que beneficiará a productores, ganaderos y agricultores.
El proyecto de ley aprobado será remitido al Presidente de la República para su sanción u objeción, de conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. (I)
