QUITO, Pichincha
Ecuador posee una larga tradición en la extracción de oro que se remonta a la época de los incas y otras culturas precolombinas. En años recientes, la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) ha crecido significativamente, convirtiéndose en una red compleja de producción y comercialización dentro del país.
Sin embargo, esta actividad informal ha sido cooptada por grupos criminales que controlan yacimientos, plantas de procesamiento y rutas de exportación, extorsionando a mineros y comerciantes.
Limitaciones en el control estatal
El cierre del catastro minero en 2018 y la falta de recursos de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCOM) provocaron vacíos en la supervisión del sector. La violencia y la inseguridad dificultan aún más el acceso a las zonas de extracción artesanal. El crecimiento de la MAPE ha coincidido con un aumento del crimen organizado.
En 2018, el Ministerio de Energía y Minas reportó 3,4 toneladas de oro provenientes de la MAPE. Para 2022, las exportaciones de oro alcanzaron 19,2 toneladas por más de 900 millones de dólares, y en 2023 superaron las 27 toneladas de oro doré, según el Banco Central del Ecuador.
Minería ilegal y crimen organizado
Desde 2022, la minería de oro se ha convertido en una fuente clave de ingresos para bandas criminales. El número de puntos de minería ilegal creció de menos de 60 en 2018 a más de 600 en 2024. La debilidad institucional y la corrupción han facilitado la inserción de grupos delictivos en redes de producción preexistentes.
En 2024, el presidente Daniel Noboa declaró la “guerra” a las bandas y reconoció a 22 grupos del crimen organizado, incluidos Los Lobos y Los Choneros, como terroristas. Las Fuerzas Armadas ejecutan operaciones para neutralizar estas estructuras.
Consecuencias locales
La expansión de la minería ilegal ha provocado daños ambientales, aumento de la violencia y debilitamiento de la gobernanza estatal. Alcaldes y autoridades locales se han convertido en actores clave del sector, algunos con vínculos a bandas criminales, y varios han sido asesinados tras denunciar actividades ilícitas. Entre ellos destacan José Sánchez (Camilo Ponce Enríquez, 2024) y Jorge Maldonado (Portovelo, 2024).
Problemas institucionales
El cierre del catastro minero y la disolución de ARCOM en 2020 debilitaron la fiscalización. Aunque la agencia fue restituida en 2024, enfrenta denuncias de corrupción y limitaciones técnicas para supervisar permisos, concesiones y exportaciones.
La pobreza, la falta de oportunidades y el atractivo económico de la minería ilegal han facilitado la participación de comunidades locales en redes de corrupción. Los grupos criminales aprovechan vacíos legales y el control político local para consolidar su influencia en el sector aurífero.
Zaruma y Portovelo, en la provincia de El Oro, son los principales centros de procesamiento de oro. A Portovelo llega mineral desde todas las regiones del país, convirtiéndose en un nodo clave de las cadenas de suministro ilegales vinculadas al crimen organizado. (I)
