Quito, Pichincha
La Corte Constitucional del Ecuador admitió a trámite la acción pública de inconstitucionalidad presentada por Contecon Guayaquil S.A., concesionaria del Puerto Marítimo Simón Bolívar, contra varios artículos de la Ley General de Puertos (1976) y su Reglamento General (2000).
El caso fue aprobado por mayoría de la Sala de Admisión, integrada por las juezas Alejandra Cárdenas (ponente) y Claudia Salgado, con voto salvado del juez Jhoel Escudero.
Contecon cuestiona la delegación preferente al sector privado
La demanda, ingresada el 23 de abril de 2025, argumenta que la normativa actual permite una delegación ordinaria y no excepcional de los servicios portuarios a empresas privadas, en contradicción con los artículos 314, 316 y 424 de la Constitución.
La empresa considera que esta situación constituye una “competencia desleal”, dado que las terminales privadas operan con menores costos regulatorios, lo que ha generado una pérdida de carga y la salida de navieras del Puerto de Guayaquil.
Contecon sostiene que el modelo vigente se basa en autorizaciones administrativas sin un proceso formal de delegación estatal, lo que califican como un “fraude constitucional”.
Corte notifica a Asamblea, Presidencia y Procuraduría
La Corte dispuso correr traslado de la demanda a la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República y la Procuraduría General del Estado, quienes tienen 15 días para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los artículos impugnados.
Además, solicitó remitir los expedientes legislativos y documentos técnicos que respaldan la aprobación de las normas cuestionadas.
Puertos privados rechazan la demanda
La Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador (Asotep) calificó la acción como infundada, arbitraria y peligrosa, y advirtió que podría afectar la inversión privada y la competitividad del país. Según Asotep, los puertos privados manejan el 50% de la carga no petrolera y contenerizada del Ecuador.
¿Qué viene ahora?
Aunque la Corte aún no emite un fallo de fondo, la admisión del caso representa un paso importante en el análisis del modelo portuario nacional y su adecuación al marco constitucional de 2008.
De confirmarse una inconstitucionalidad, el país podría enfrentar una reforma estructural en la gestión de puertos y una redistribución del control entre actores públicos y privados. (I)
