GUAYAQUIL, Guayas
La disputa entre el Gobierno nacional y la Prefectura del Guayas escaló el martes 2 de diciembre de 2025. El ministro de Transporte, Roberto Luque, cuestionó el manejo de los recursos destinados al proyecto del Quinto Puente y advirtió que terminará el convenio si la prefectura no explica con claridad los desembolsos ejecutados.
Luque detalló que el Estado entregó USD 35 millones de anticipo, incluida una transferencia adicional de USD 10 millones del 19 de noviembre de 2025, cifra que —según él— contradice el argumento de la Prefectura sobre una presunta “asfixia financiera”. En su publicación en X, lanzó una interrogante que encendió el debate:
“¿Qué pasó con el resto del dinero?”
El ministro insinuó que los fondos podrían haber terminado en manos de un “contratista preferido”.
La prefecta Marcela Aguiñaga respondió de inmediato y defendió su administración. Exigió al Gobierno nacional certeza, respaldo y cumplimiento para garantizar el avance del proyecto. Sostuvo que el Quinto Puente resulta esencial para la conectividad y el desarrollo económico de la provincia, y pidió que se respeten los acuerdos firmados.
Un proyecto vial estratégico para Guayaquil
El Quinto Puente, también llamado Viaducto Sur, contempla 44 kilómetros de vías, cinco puentes —entre ellos el que cruzará el río Guayas— y conexiones directas con los corredores logísticos que alimentan la actividad portuaria. Su inversión estimada supera los USD 1 500 millones.
Entre los beneficios que destacan las autoridades están:
- Reducir los tiempos de traslado de dos horas a 45 minutos.
- Descongestionar las rutas actuales saturadas por el transporte pesado.
- Impulsar la competitividad portuaria y el comercio exterior.
En noviembre de 2024, Luque y Aguiñaga firmaron el convenio para construir 24,5 km de vías de acceso, tramo clave que abrió el camino para el inicio oficial de obras a inicios de 2025. Ese arranque generó expectativas, pero las dudas actuales dejaron el proyecto en una zona gris.
La disputa pública revive en un momento en que la transparencia de obras estatales enfrenta un fuerte escrutinio.
Luque insiste en aclarar la administración de los fondos; Aguiñaga exige estabilidad para continuar.
Si el convenio se rompe, la megaobra podría entrar en parálisis, afectando la movilidad de Guayaquil y el clima de confianza entre el Gobierno central y las autoridades locales. (I)
