GUAYAQUIL, Guayas
Una disputa legal enfrenta a la constructora Cevallos Hidalgo S.A. y a la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Emapag EP) por un contrato firmado en noviembre de 2021, valorado en USD 13,4 millones, destinado a instalar alcantarillado sanitario para cerca de 41.000 habitantes del noroeste de Guayaquil, principalmente en Nueva Prosperina, Reinaldo Quiñónez, Sergio Toral y San Ignacio de Loyola.
La contratista presentó en agosto de 2023 una acción de protección para exigir la devolución de garantías financieras, el pago de valores pendientes y que Emapag capacite a su personal en seguridad jurídica. El abogado Wilson Vallejo sostuvo en la audiencia que la obra no avanzó porque Emapag no entregó zonas liberadas ni el plan de reasentamiento, lo que habría impedido ejecutar el proyecto completo.
El contrato financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) pactó un plazo de 730 días, pero tras dificultades, ambas partes firmaron una enmienda en enero de 2022 para desarrollar solo el sector con estudios disponibles. La constructora asegura haber culminado esa parte y solicitó terminar el contrato por la emergencia que vivía la ciudad; sin embargo, afirma que la entidad negó el cierre y alegó incumplimientos.
La empresa fiscalizadora Allesa reportó abandono de obra, incumplimientos ambientales y de seguridad laboral, lo que llevó a Emapag a ejecutar garantías. Su defensa, Verónica Fuentes, señaló que la contratista no amortizó el anticipo: de USD 1,33 millones, únicamente devolvió USD 90.271, equivalente al 6,7%.
Emapag EP
La firma respondió con habeas data en Quitumbe, tras lo cual —según su versión— se firmó un acta de terminación por conveniencia el 27 de febrero de 2023, compromiso que Emapag niega, alegando que solo fue una reunión y que no existe firma institucional válida. El caso escaló y la acción de protección fue rechazada en octubre de 2023, al considerar que el conflicto debe resolverse mediante arbitraje y no por vía constitucional.
La constructora apeló esa decisión y en paralelo presentó una demanda arbitral, notificada el 29 de octubre de 2025. Para afrontar el proceso, Emapag contrató al estudio Vizueta Abogados XVR S.A. por USD 20.000, el 28 de noviembre de 2025. En un comunicado, la empresa aseguró que terminó el contrato el 3 de enero de 2024 y ejecutó las garantías bancarias correspondientes. No precisó el avance real de la obra, montos pagados ni el estado actual del proyecto.
Mientras el litigio avanza, los sectores beneficiarios siguen sin alcantarillado, con aguas estancadas y problemas sanitarios persistentes en Nueva Prosperina. La resolución del arbitraje definirá responsabilidades y posibles compensaciones. (I)
