QUITO, Pichincha
La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes aprobó por unanimidad el informe sobre los reiterados casos de contaminación química en Balzar, donde al menos 35 menores resultaron afectados, según la Resolución No. 003 CEPPINNA-2025-2027. La moción fue presentada por el asambleísta Raúl Chávez, vicepresidente de la mesa legislativa.
Durante la sesión, el equipo asesor expuso una línea de tiempo que evidencia la repetición de estos hechos desde junio de 2024, con 11 episodios similares en unidades educativas del cantón. El análisis señala un posible accionar criminal intencional, sin embargo, la Fiscalía investiga únicamente los hechos de julio de 2025 y mantiene dos procesos sin acumulación, lo que deja nueve incidentes sin indagación previa, situación que generó preocupación en la mesa legislativa.
El informe recoge que en el evento del 17 de julio de 2025 se intoxicaron 41 personas, entre ellas 36 niños, con síntomas de insuficiencia respiratoria y dolor torácico. La saturación del Hospital Básico de Balzar obligó a derivar a los pacientes hacia otras casas de salud.
Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo abrió una investigación y realizó una visita in situ, pero todavía no presenta un informe final que permita generar recomendaciones oficiales. La comisión alertó sobre la vulneración al derecho a la salud y educación, así como el impacto psicológico derivado de la suspensión prolongada de clases.
El documento aprobado recomienda que la Fiscalía acelere y profundice la investigación, revise la tipificación penal aplicada y presente reportes periódicos a la Asamblea. También sugiere acumular los procesos, establecer medidas integrales de seguridad, activar sistemas de alerta temprana, y fortalecer la capacidad de respuesta en emergencias.
El informe pide identificar el origen de las sustancias químicas, determinar rutas de circulación y reforzar la vigilancia territorial. Además, destaca el aporte del municipio de Balzar, que instaló 17 cámaras de seguridad en exteriores de centros educativos, aunque la comisión propone ampliar la cobertura para proteger a toda la comunidad estudiantil. (I)
