QUITO, Pichincha
El fallo internacional que obliga al Estado ecuatoriano a pagar USD 220,8 millones a Chevron desató nuevas reacciones políticas y sociales. La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, responsabilizó al correísmo por la indemnización dispuesta por el Tribunal Arbitral, mientras que la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (Udapt) presentó una acción legal para impedir la transferencia de los recursos, solicitando el embargo inmediato del crédito ante un juez de Sucumbíos.
Morillo calificó el dictamen como “injusto” y afirmó que el monto responde a un conflicto heredado del gobierno de Rafael Correa, cuando –según dijo– la causa se politizó por intereses partidistas. La funcionaria aseguró en su cuenta de X que el país destinará dinero que debió dirigirse a sectores vulnerables y pidió que la ciudadanía no olvide el origen del litigio.
Procuraduría General del Estado
La resolución difundida por la Procuraduría General del Estado fijó el pago final en USD 180,4 millones por capital y USD 40,4 millones por intereses, cifra menor a los USD 3.350 millones que la petrolera reclamaba inicialmente. Semanas atrás, el presidente Daniel Noboa estimó que la indemnización podría superar USD 800 millones, aunque el tribunal aceptó la mayoría de los argumentos de defensa del Estado.
La Udapt cuestionó que Ecuador deba cancelar recursos a la empresa pese al daño ambiental denunciado en la Amazonía. Además, criticó a la Procuraduría por celebrar la reducción del monto y pidió a la CIDH priorizar derechos humanos frente a intereses corporativos.
El litigio, conocido como Chevron III (Caso CPA 2009-23), cerró la última fase del arbitraje Track III, centrada en la cuantificación de daños, luego de que en 2018 se determinó la responsabilidad estatal por violar el tratado bilateral de inversiones con Estados Unidos.
El Gobierno no ha detallado aún un cronograma de pago ni una postura frente al pedido de embargo presentado en Sucumbíos. (I)
