Por Elio Ortega Icaza
La deuda que el Gobierno Central mantiene con los gobiernos autónomos descentralizados se ha convertido en una problemática estructural que impacta de manera directa en la vida cotidiana de millones de ecuatorianos.
No se trata únicamente de retrasos administrativos o ajustes presupuestarios, sino de un incumplimiento que afecta la gestión local y frena el desarrollo de los territorios, en especial de aquellos que históricamente han vivido en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Los gobiernos seccionales son el rostro más cercano del Estado para la ciudadanía. Desde ellos se planifican y ejecutan obras básicas, se sostienen servicios esenciales y se canalizan las demandas sociales más urgentes.
Para cumplir estas funciones, la Constitución garantiza transferencias económicas periódicas y suficientes. Sin embargo, cuando estos recursos no se entregan a tiempo, los efectos se sienten de inmediato en calles sin mantenimiento, obras inconclusas y proyectos sociales paralizados.
En numerosos cantones y parroquias del país, la falta de recursos ha obligado a suspender contratos, diferir pagos y reprogramar obras prioritarias.
Proveedores y contratistas, muchos de ellos actores económicos locales, enfrentan serias dificultades para cumplir con sus propias obligaciones, generando una cadena de endeudamiento y pérdida de empleo.
Esta realidad debilita la economía territorial y profundiza las brechas entre el centro y la periferia.
La situación también golpea al talento humano que labora en los gobiernos seccionales. Retrasos en el pago de sueldos y limitaciones operativas afectan la eficiencia institucional y desmotivan a quienes, pese a las dificultades, continúan prestando servicios a la comunidad.
La precariedad financiera termina erosionando la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Resulta indispensable que el Gobierno Central asuma con responsabilidad el cumplimiento de sus obligaciones financieras.
El desarrollo local no puede seguir siendo rehén de decisiones centralistas ni de crisis fiscales mal administradas. Cumplir con las transferencias pendientes es una medida urgente para reactivar la obra pública, dinamizar la economía y fortalecer la cohesión social.
Desde esta tribuna de reflexión y compromiso con el país profundo, la exigencia es clara: sin recursos no hay gestión, sin gestión no hay desarrollo.
Atender la deuda con los gobiernos seccionales es una acción impostergable para garantizar un Ecuador más equitativo, con territorios fortalecidos y ciudadanos con mejores condiciones de vida. (O)
