QUITO, Pichincha
La implementación de la denominada tercera placa en Quito abrió un debate ciudadano sobre la protección y el tratamiento de datos personales, luego de que el Concejo Metropolitano aprobara la ordenanza que habilita este sistema sin establecer auditorías obligatorias sobre el manejo de la información.
El Concejo aprobó la normativa el pasado 6 de enero de 2026, tras un año de discusiones, con el objetivo de modernizar el control del tránsito en el Distrito Metropolitano. La tercera placa consiste en un adhesivo electrónico que se instalará en los vehículos durante la revisión técnica vehicular, sin reemplazar la placa metálica ni modificar el proceso de matriculación. Su colocación inicial será gratuita y se aplicará de forma progresiva.
Álex Pérez
Según explicó el secretario de Movilidad, Álex Pérez, el sistema permitirá identificar vehículos mediante pórticos, antenas y lectores móviles ubicados en accesos y tramos estratégicos de la ciudad. La lectura será automática y no requerirá detener los automotores ni solicitar documentos en la vía. El Municipio sostiene que el mecanismo facilitará controles posteriores, como la verificación de matrícula o revisión técnica, y reducirá la necesidad de operativos manuales.
Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano, indicó que la implementación podría iniciar en el segundo semestre de 2026, una vez concluidos los procesos administrativos y de contratación. En una primera fase, se prevé instalar entre cuatro y cinco puntos de lectura, con la posibilidad de ampliarlos en el futuro mediante el uso de infraestructura existente.
La ordenanza contempla sanciones para quienes manipulen el dispositivo, impidan su lectura o falsifiquen el adhesivo. Las multas oscilan entre el 15 % y el 50 % del salario básico unificado y, en ciertos casos, podrán sustituirse por trabajo comunitario si no existe reincidencia.
En cuanto a la información que manejará el sistema, la normativa establece que el chip solo contendrá dos datos: la placa del vehículo y el número de chasis. Además, prohíbe de forma expresa su uso como mecanismo de rastreo o geolocalización en tiempo real.
Lorena Naranjo Godoy
Sin embargo, especialistas advierten vacíos en la regulación. Lorena Naranjo Godoy, directora de la Maestría en Derecho Digital de la Universidad de Las Américas, señaló que la ordenanza no incorpora obligaciones claras de auditoría, supervisión permanente ni fiscalización externa sobre el tratamiento de los datos. A su criterio, la ausencia de informes públicos periódicos y auditorías técnicas deja estos controles sujetos a decisiones posteriores de la administración municipal.
Garrido defendió la normativa y explicó que no se incluyeron auditorías específicas porque el sistema se basa en una base de datos limitada, sin un vínculo permanente con la identidad del propietario del vehículo. Aseguró que el cruce con datos personales solo se daría de manera excepcional, cuando se deba levantar una infracción, y no como parte del funcionamiento ordinario.
Desde el ámbito de la ciberseguridad, expertos advierten que, aunque el sistema no funcione como GPS, el registro del paso de los vehículos por distintos puntos podría generar patrones de circulación si no existen límites claros sobre el almacenamiento y uso de la información. Por ello, subrayan la necesidad de que el Municipio garantice el cumplimiento estricto de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
Los especialistas coinciden en que la tercera placa puede aportar al ordenamiento vial y a la planificación del tránsito, pero advierten que su éxito dependerá de los controles técnicos, legales y administrativos que se adopten durante su implementación. (I)
