GUAYAQUIL, Guayas
La Fiscalía ejecutó un allanamiento en las oficinas de la empresa de la periodista Catrina Tala, un hecho que la comunicadora calificó como parte de una persecución sistemática impulsada desde el poder político. El operativo ocurrió el 19 de enero de 2026 y, según sostuvo, no responde a una investigación objetiva sino a represalias por sus denuncias públicas.
En un pronunciamiento, Tala afirmó que el allanamiento se produjo días después de que Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, la mencionara en una comparecencia ante la Asamblea Nacional. A su criterio, esa referencia no fue casual ni inocente. “No es una coincidencia, es un mensaje del poder que hoy dirige la justicia bajo la protección del Gobierno”, señaló.
La periodista explicó que guardó silencio durante más de un año por una decisión personal de enfrentar el proceso sin victimizarse. Sin embargo, aseguró que el ingreso de las autoridades a su empresa marcó un punto de quiebre, al afectar no solo su actividad profesional sino también la tranquilidad de quienes trabajan con ella y de su familia.
Según Tala, la presión estatal se habría intensificado tras sus denuncias sobre el caso de Gabriela Goldbaum, exesposa del presidente Daniel Noboa, un tema que —afirmó— incomodó al Gobierno. Desde entonces, sostiene, se activaron acciones administrativas y judiciales en su contra.
La comunicadora recordó que su empresa permanece intervenida desde hace más de un año por la Superintendencia de Compañías, pese a que tres interventores designados por el Estado no hallaron irregularidades. Incluso, indicó que una de las funcionarias dejó constancia escrita de que no existían razones para mantener la intervención.
Catrina Tala
En el ámbito penal, Tala aseguró que en octubre de 2025 entregaron a la Fiscalía más de 15.000 fojas de documentación societaria, contable y tributaria. De acuerdo con su versión, el propio fiscal dejó constancia de que no existía lavado de activos. Aun así, se ordenó el allanamiento, que —según dijo— no arrojó resultados, pues no se incautó ningún documento ni equipo.
También cuestionó decisiones judiciales previas, como la inmovilización de las cuentas de su empresa por más de 70 días, cuando la normativa fija un máximo de ocho, sin que la UAFE lo justificara legalmente.
Tala contrastó la rapidez de las acciones en su contra con la falta de respuestas frente a hechos de violencia y corrupción en el país, como asesinatos, masacres, desapariciones y casos de crimen organizado. A su juicio, estos delitos no reciben la misma prioridad del sistema judicial.
Finalmente, la periodista afirmó que no se oculta y que toda su información está respaldada documentalmente, pero advirtió sobre el uso de la justicia como mecanismo de intimidación. “Cuando la justicia se utiliza para castigar la palabra y proteger al poder, deja de ser justicia”, concluyó, al tiempo que alertó que situaciones similares afectan a otras empresas periodísticas del país. (I)
